MADRID.- El Gobierno insiste en que no hay obligación legal de aplicar lo recaudado por las tasas judiciales mientras existieron a la justicia gratuita puesto que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico". Lo ingresado por las tasas judiciales, como cualquier otro ingreso público, se destina a financiar el conjunto de los servicios públicos.

Así se señala en una respuesta parlamentaria consecuencia de un requerimiento del diputado de CiU Jordi Jané, en la que el parlamentario se interesaba por el destino de las cantidades recaudadas hasta la eliminación de este tipo impositivo a las personas físicas, informa Europa Press.

Según el Ministerio de Justicia, y teniendo en cuenta la financiación del conjunto de los servicios públicos con la total recaudación por todos los conceptos tributarios, hay que destacar que en el Presupuesto del departamento para el presente ejercicio "se creó una partida presupuestaria de seis millones de euros para formalizar convenios con las Comunidades Autónomas cuya finalidad no es otra que la mejora de la asistencia jurídica gratuita"

Las tasas judiciales recaudaron en 2013 y 2014 cerca de 570 millones de euros, que han ido a parar a las arcas públicas. Y el Gobierno sólo ha destinado 6 millones para financiar la justicia gratuita, en contra de su compromiso adquirido en 2012, según datos facilitados por el Ejecutivo.

"La tasa aportará unos mayores recursos que permitiran una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita", dice la ley 10/2012

El Gobierno justificó la implantación de este impuesto en 2012, precisamente para financiar la justicia gratuita para quienes no tienen recursos económicos. Así figura en el preámbulo de la Ley 10/2012, donde explica que se pretende “ racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.

Las tasas judiciales sólo existían para las grandes empresas. Cuando el PP llegó al poder, las extendió en 2012 para todas las personas, tanto los ciudadanos particulares como las pequeñas y medianas empresas, incluidas las ONG.

Esta generalización del impuesto, que frena el acceso a la justicia provocó una oleada de protestas en el ámbito jurídico y la movilización en las redes sociales.

Con la dimisión del ministro de  Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el nuevo ministro anunció la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas, que supone 126 millones de euros del total de los 570 recaudados en 2013  y 2014.

Sin embargo, el Gobierno ha mantenido las tasas judiciales para las pequeñas y medianas empresas, que deben pagar las mismas cuantías en pleitos similares que pagan las grandes empresas -multinacionales y bancos-, dotadas todas ellas de potentes despachos jurídicos y que son grandes consumidoras de la justicia.