Por imperativo meteorológico. Con este argumento se aprobó de urgencia un decreto ley para dar cobertura jurídico-política al ministravase del Ebro a Catalunya y con el mismo argumento y la misma urgencia se derogará el próximo viernes. La derogación lleva aparejada la rescisión de los contratos de adjudicación de las obras previstas.

Así lo confirmó ayer la portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a expensas de una inmediata reunión de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, con representantes de la Generalitat de Catalunya 'para fijar los criterios oportunos y confirmar que ha finalizado la situación de excepcionalidad'.

Se prevé que con las lluvias de este fin de semana los pantanos del sistema Ter-Llobregat, que abastece Barcelona, rebasen el umbral del 50%. Técnicos de la Generalitat y del Gobierno ultiman ya los detalles.

El martes, la Generalitat dejará sin efecto su decreto de sequía y permitirá al Consejo de Ministros anular al trasvase en su próxima reunión. La empresa concesionaria de la obra, Aguas de Barcelona, adelantó ayer que no pedirá indemnizaciones. Su presidente, Jordi Mercader, dijo que no es el 'espíritu de la casa'.

Fernández de la Vega, en su comparecencia tras la reunión del Consejo, reiteró la radical discrepancia del Gobierno con el proyecto del lehendakari Ibarretxe de someter a referéndum su plan soberanista. La portavoz señaló que los argumentos para intentar soslayar el ordenamiento jurídico 'carecen de toda fundamentación jurídica'.

Publicidad institucional

Entre los acuerdos adoptados ayer por el Consejo de Ministros figura el plan sobre publicidad institucional, con la previsión de reducir el gasto en un 30% y limitarlo a 187 millones de euros, después de que en 2007 se hubiera superado la previsión hasta producirse un gasto de 269 millones.

De la Vega aseguró que la intención del Gobierno es que 'no se malgaste ni un euro' y anunció que para 2009 se introducirán mecanismos de evaluación de la eficiencia de estas campañas.