"Hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel y terrible que está sufriendo el presidente del Gobierno y su familia. Se inició hace 10 años cuando consiguió el liderazgo del PSOE y se ha acusado más desde que es presidente". Esta ha sido la primera reacción del Gobierno de Pedro Sánchez tras acogerse Begoña Gómez a su derecho a no declarar ante el juez Peinado. 

Las palabras las ha pronunciado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ante los medios de comunicación en el Senado. Esta persecución, según el ministro, "no tiene límite", ya que "no solo atacan" a Sánchez sino "de la manera más sucia posible a las personas cercanas a su familia". "Es una persecución indudable, inhumana e injustificada", ha añadido. 

Bolaños ha señalado a PP y Vox, de los que ha dicho que han renunciado a hacer oposición política. "Saben que no tienen proyecto político y que nuestro Gobierno hace políticas sociales indiscutibles", ha afirmado. Por eso, estos partidos "se centran en ensuciar el buen nombre de personas honestas". 

"Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel e injusta", ha insistido Bolaños. El ministro ha apuntado a que este está siendo un "proceso judicial plagado de mentiras e insignificancias", a tenor de todos los informes y declaraciones. "La verdad ganará, la justicia prevalecerá y la causa se archivará", ha dicho. 

Ha lanzado también Bolaños una pregunta. "¿Quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez?". Se lo ha preguntado directamente a Alberto Núñez Feijóo o a las organizaciones ultras que han impulsado la causa judicial. "Begoña Gómez no sabe ni siquiera qué se le está imputando. ¿Sobre su vida entera, sobre los últimos seis años? Creo que la respuesta es bastante clara", ha añadido. 

A Bolaños se le ha preguntado también en concreto sobre el anuncio de Vox de que llamará a Sánchez como testigo en la causa judicial. El ministro ha insistido en la idea de "persecución política" contra el presidente del Gobierno. "Que pidan esa declaración deja muy claro cuál es el objetivo. Es una petición desde el punto de vista procesal ridícula y absurda", ha destacado. 

Óscar Puente, ministro de Transportes, también ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación desde Vitoria-Gasteiz. "La declaración para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien desde las instancias judiciales pondrá fin en algún momento. No se puede seguir con una causa abierta en la que no hay pruebas ni indiciarias que incriminen a una persona y buscando en su vida a ver si encuentran algunas", ha destacado.