MADRID.- "Ya no es afiliada al PP". Con esa simple frase el Gobierno en funciones ha dado hoy por zanjado el escándalo de Rita Barberá, que abandonó el partido -pero no su escaño en el Senado- después de que el Tribunal Supremo abriera una causa contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales. 

"El Gobierno no tiene ninguna posición sobre personas que están siendo investigadas", justificó Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apelando a la "separación de poderes" y el respeto por la "independencia de los jueces". "El Gobierno no tiene ninguna autoridad sobre las personas que están en un proceso judicial", insistió.

Todo el PP, a excepción de María Dolores de Cospedal, se ha mostrado partidario de exigir a Barberá que abandone el escaño en el Senado que le permite seguir aforada y, además, cobrar unos 7.000 euros al mes del erario público. Pero la número dos de Mariano Rajoy en el Ejecutivo, eludió pronunciarse al respecto siguiendo el mensaje de Albert Rivera: Sáenz de Santamaría constató que la titularidad de los escaños corresponden a los diputados y senadores y no a los partidos y vino a decir que, por ello, no se puede hacer nada más al respecto.

Sáenz de Santamaría: "El Gobierno no tiene ninguna posición sobre personas que están siendo investigadas"

La vicepresidenta dijo desconocer la propuesta de Ciudadanos para reformar la Constitución y cambiar precisamente ese aspecto legal y, aunque se mostró dispuesta a analizarla y debatirla, también la ninguneó. "¿Si defendemos un sistema de listas abiertas, cómo casa eso con la titularidad de los escaños en los partidos?", se preguntó. 

Pero no respondió, ni siquiera a título personal, sobre Barberá. "El partido ha ejercido todas sus competencias sobre ella -dijo en referencia a su expulsión de militancia- pero la titularidad del escaño no corresponde a los partidos", incidió sin querer ofrecer una opinión propia.  Es más, justificó unas declaraciones pasadas en las que afirmó que la todavía senadora era un "referente" para ella. "Cuando las hice opinaba como muchos ciudadanos valencianos que le dieron mayorías absolutas amplísimas", argumentó. 

Y, del mismo modo que quiso cerrar esa polémica, zanjó también la del nombramiento de José Manuel Soria para ocupar un cargo en el Banco Mundial y las mentiras ofrecidas por el Gobierno para justificar el dedazo. La vicepresidenta consideró que "se ha cumplido con la obligación de dar explicaciones" tras la comparecencia de Luis de Guindos en la Comisión de Economía del Congreso y cerró otra vez ese caso con una simple frase: "Renunció a esa plaza", concluyó.

La corrupción, "problema del conjunto del sistema"

Después, aprovechó el resto de escándalos judiciales de la semana (Bárcenas, Matas, Taula, etc) para introducir también, aunque sin citarla directamente, la petición de la Fiscalía anticorrupción de seis años de cárcel para Manuel Chaves y diez de inhabilitación para José Antonio Griñán. "Ha habido avances en distintos casos de corrupción que afectan a distintos partidos", dejó caer. "Eso evidencia que la corrupción es un problema del conjunto del sistema", espetó tras la dosis de 'y tú más'. 

Todo para volver a incidir en la necesidad de formar Gobierno cuanto antes y pedir la abstención del PSOE. "PSOE, Ciudadanos y PP podemos ponernos de acuerdo en tomar medidas contra la corrupción compartidas en nuestros programas electorales", mitineó. "Es evidente que hay que dar una respuesta conjunta, más allá de echarnosla a la cara unos a otros", concluyó Sáenz de Santamaría.