El hielo más amarillento empieza, lentamente, a romperse. 39 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un primer paso para empezar a transferir a Euskadi las competencias marcadas en ese texto que aún hoy siguen sin ser atendidas. Durante cuatro décadas, lo que debería ser el estricto cumplimiento de una ley orgánica se ha consagrado como un asunto marcado por la voluntad (o mejor dicho, por la falta de voluntad) de quien ocupe el principal sillón del Palacio de la Moncloa.

El inicio del nuevo ciclo ha sido escenificado en torno a una mesa del Archivo Histórico de Euskadi, escenario pactado para la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este lunes en Bilbao. El encuentro entre las respectivas representaciones de los Gobiernos de España y Euskadi ha estado encabezado por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka. Allí se ha destrabado el traspaso a Euskadi de tres competencias: un tramo de cinco kilómetros de la AP-1 y las líneas de tren Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri.

La expectativa era máxima, no tanto por el contenido sino por lo simbólico de la cita. Hay un dato que lo explica todo: hacía siete años que esta comisión no se reunía. Durante ese tiempo (la mayor parte bajo el gobierno de Mariano Rajoy), el Ejecutivo vasco pidió una y mil veces que se dieran pasos para empezar a destrabar las transferencias pendientes. Incluso elaboró un informe que salió a la luz en 2017 y en el que se ponían sobre la mesa los históricos incumplimientos de Madrid respecto al Estatuto de Gernika.

Las cifras son elocuentes. A pesar de que el texto estatutario se aprobó en referéndum el 25 de octubre de 1979, a día de hoy -39 años y un mes después- existen 37 transferencias pendientes. En el estudio presentado el año pasado –con Rajoy en La Moncloa-, el Gobierno Vasco denunciaba que las cosas, en lugar de ir hacia adelante, retrocedían de manera alarmante. En tal sentido, el gabinete de Urkullu concluía que “el Gobierno español está realizando un uso abusivo de su capacidad para imponer medidas unilaterales”, lo que limitaba y devaluaba “la capacidad de las instituciones vascas para fijar y desarrollar, en su totalidad, las políticas públicas”.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, junto al consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, en rueda de prensa tras, la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco. EFE/Luis Tejido

En la reunión mantenida este lunes en Bilbao, ambas representaciones dejaron claro que las relaciones entre Euskadi y Madrid están hoy en otra fase, marcada por la “lealtad” y el “diálogo”. Como primer paso, se acordó elaborar un calendario sobre el traspaso de las transferencias pendientes. El documento, que deberá ser preparado por el Gobierno español, podría presentarse antes de que acabe el año, o al menos se intentará.

El inicio del deshielo

La llegada de Sánchez a la Presidencia (vía moción de censura que fue apoyada por el PNV) facilitó el inicio del deshielo. Más allá del traspaso de las competencias abordadas este lunes en Bilbao, lo que el Ejecutivo vasco busca es empezar a tratar todas las demás que siguen sin ser cumplidas pese a que el Estatuto, una ley orgánica, así lo indica. Entre esas cuestiones aparecen dos que centran todas las miradas: Prisiones y la gestión económica de la Seguridad Social.

¿Será posible avanzar también en esas dos cuestiones? En el caso de la Seguridad Social, tanto Batet como Erkoreka dejaron claro que, debido a las dificultades que entraña, no será de las primeras cuestiones en ser atendidas. “Todos ustedes saben que es una materia altamente compleja desde todos los puntos de vista”, dijo la ministra a la salida de la reunión.

Por su parte, Erkoreka apuntó en la misma dirección. “No hemos puesto especial énfasis en acelerar los trabajos conducentes a la materialización de ese traspaso porque somos conscientes de que no es sencillo. Pondremos énfasis en otras muchas materias en las que puede producirse con mayor facilidad un acuerdo”, afirmó el consejero. Por el contrario, los participantes en la comisión mixta de transferencias vieron factible el traspaso de la competencia de prisiones, una cuestión que sí estará sobre la mesa en las próximas conversaciones.