MADRID.- Más de un 96% de los españoles que estaba fuera de España en las pasadas elecciones autonómicas no pudo votar, en muchos casos porque no llegaron a tiempo para apuntarse al censo. Este problema se repite de cara a las generales. El registro para inscribirse y ejercer el derecho a sufragio cerrará de nuevo y sin aviso institucional este 31 de julio, de lo que se desprende que la votación para elegir un nuevo Gobierno se celebrará como muy tarde el próximo 20 de diciembre, fecha límite por ley.

"El tipo de voto de la gente que se ha tenido que ir fuera por obligación es un voto de castigo", dice la consultora ambiental Elia Carceller desde Berlín sobre por qué la Administración les pone tantos problemas. Miembro activo de la plataforma Marea Granate, cuenta las diferentes trabas administrativas que deben superar todos aquellos que viven fuera de España: "A la mayoría de la gente, casi un 40% de media, se le pasa el plazo y no puede votar".

Al no tener información institucional, los componentes de la organización echan cuentas para saber cuándo realizar los trámites a través de una "calculadora de plazos" que han creado ellos mismos. "Nos ponen pegas continuamente para inscribirnos en los consulados y para demandar el voto rogado, y cuando crees que ya lo tienes todo, hay veces que las papeletas no llegan a casa", dice Carceller.

"Se trata de un problema sistémico que no hace más que confirmar nuestra demanda de que es necesario derogar el voto rogado", añade Elia Carceller desde Alemania. Las múltiples irregularidades cometidas por la administración ponen en peligro una vez más su derecho de sufragio, una cuestión que podría solucionarse apostando por un modelo similar al británico, donde todo se puede hacer de manera online. En este sentido, tanto el PP como el PSOE aprobaron la reforma de la ley electoral de 2011, que introdujo el voto rogado, y desde 2013 el partido de Mariano Rajoy lleva rechazando la reforma del voto exterior.

Datos de Marea Granate sobre las dificultades que viven los emigrantes españoles para poder votar / MareaGranate

Muchas personas se encontraron el censo cerrado en las elecciones pasadas y en las elecciones generales se teme que pasará lo mismo. Las personas que no hayan llegado a tiempo a inscribirse en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) antes del 31 de julio, por falta de información, sólo tienen una opción: inscribirse como residentes temporales (no residentes o registro ERTA), o bien reclamar de forma presencial en los consulados, perdiendo todo un día de trabajo, la inclusión en el CERA.

Sin embargo, no se establece ningún tipo de parámetro para decidir quién es un residente temporal y quién no, al igual que tampoco hay una prohibición que impida inscribirse más de una vez como residente temporal. Desde la plataforma cuentan que a personas que llevaban menos de un año les han aceptado como a temporales y a otros no. "No hay ningún tipo de regulación al respecto", señalan, por lo que habrá ciudadanos que tampoco pasarán la criba de la inscripción en el censo temporal.

"Es increíble que uno tenga que trazar auténticas estrategias, a un año vista, para poder ejercer su legítimo derecho a voto", cuenta un estudiante miembro de Marea Granate y que vive actualmente en Versalles. Este joven comienza un doctorado en Bristol en septiembre, explica lo complicado de estos procedimientos: "Si a todos estos trámites le añades encima un cambio de consulado, no hace sino complicar aún más las cosas".

Los militares en el extranjero votan sin problema

Un informe de esta misma plataforma refleja como un 37,2% de las papeletas de los emigrantes españoles no llegó a tiempo en las últimas elecciones autonómicas y cómo el 20% de los emigrantes españoles no pudo registrarse a tiempo. Datos que hicieron que la participación fuera de un 3,2%, es decir, que sólo 3 personas de cada 100 de las que viven fuera de España pudieron votar.

Otro agravante de esta situación, según denuncia Marea Granate, es que el 84% de los militares en el exterior hayan podido ejercer su derecho a voto con todo tipo de garantías, demostrando que "la Administración trata a los emigrantes como ciudadanos de segunda".