La reforma fiscal se atisba como la madre de todas las batallas en el seno del Gobierno de coalición. Sigue figurando, de forma soterrada pero continua, como un elemento de fricción, que mas tarde o temprano tendrán que abordar las dos formaciones que constituyen el Gobierno de coalición.

A día de hoy permanece oculta entre polémicas sobre las macrogranjas y reformas laborales, pero se sigue considerando como uno de los asuntos que podría hacer temblar los cimientos de la alianza entre el PSOE y Unidas Podemos y que suscitará el gran debate político en 2022.

Por eso las alarmas volvieron a saltar esta semana, tras la presentación por parte del Ejecutivo del plan normativo para 2022. Se trata del texto que contiene de forma detallada todas las leyes y cambios legislativos que el Gobierno tiene pensado llevar al Consejo de Ministros hasta el final de año. Entre las más de 368 normas de la lista ("una ley al día", afirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la presentación del plan) no aparece nada relativo a la reforma fiscal.

Sin embargo, al menos de momento, se trataría de una falsa alarma. Según han explicado fuentes del Gobierno, se está a la espera de la propuesta de los expertos para la reforma fiscal que saldrá en febrero y, a partir de ahí, se verá cómo se deberá afrontar una reforma fiscal en profundidad. "Que una cosa no esté en el plan normativo no significa que no se vaya a abordar", afirmaron fuentes del Ejecutivo.

Por lo tanto, la hoja de ruta planteada por el Ministerio de Hacienda en esta materia se mantiene: primero se esperará a la publicación del informe de los expertos y después arrancarán las negociaciones (con Unidas Podemos, con los socios parlamentarios, pero también con las comunidades autónomas); todo ello con el objetivo de llevar los cambios en los tributos al proyecto de Presupuestos Generales de 2023 (una norma que sí aparece en el plan del Gobierno para este año).

De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que la nueva reforma fiscal podría entrar en vigor en parte en 2022 y consolidarse una reforma más global en 2023.

Aunque no ha terminado de abordarse del todo, la reforma fiscal ya ha generado importantes fricciones en el Gobierno de coalición en otras ocasiones. La última tuvo lugar después del pasado verano, cuando el PSOE y Unidas Podemos arrancaron la negociación sobre las cuentas de 2022. El espacio confederal exigió que se incorporara esta reforma en los Presupuestos, dado que se trata de uno de los compromisos recogidos en el acuerdo rubricado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Para los de Yolanda Díaz, los PGE de 2022 suponían el momento idóneo para impulsar una reforma fiscal que asentara una recuperación económica justa, equitativa y solidaria; mientras que para los de Sánchez estos cambios deberían llegar posteriormente, una vez que la economía estuviera en mejores condiciones y las previsiones fueran más estables.

Finalmente se llegó a un acuerdo en el que la reforma más destacada fue la incorporación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas (algo que ya entonces era un consenso que asumía hasta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden). La coalición firmó una tregua que dura hasta el día de hoy, pero todavía quedan compromisos pendientes y algunos de ellos son muy relevantes para Unidas Podemos.

Desde el espacio confederal se ha abogado, por ejemplo, por la creación de un impuesto a las grandes fortunas que, en principio, se articularía en torno al Impuesto sobre el Patrimonio. Pero el Ejecutivo no solo ha adquirido compromisos en materia fiscal de puertas para adentro, sino que también tiene acuerdos rubricados con sus socios parlamentarios.

Uno de ellos es el de adoptar medidas para acabar con el denominado dumping fiscal de Madrid, que el PSOE firmó con ERC en el acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales de 2021. La situación de capitalidad de Madrid permite que esta comunidad tenga niveles de recaudación iguales o mayores a otros territorios con impuestos más bajos y menor presión fiscal, lo que causa un efecto de atracción de empresas y capitales que vacía y provoca deslocalización en otras autonomías.

Para tratar de solucionar estas desigualdades, desde Hacienda se ha apuntado a que se pueden llevar a cabo reformas en el impuesto sobre el patrimonio y en el de sucesiones, dos tributos con la recaudación cedida a las comunidades pero regulados por el Estado.

Sánchez quiere abordar el debate y así lo ha dicho en múltiples foros en las últimas semanas, plantando una reforma fiscal en profundidad que contemple el principio de que "sin justicia fiscal no hay justicia social". Pero las diferencias entre los dos socios de Gobierno en este asunto sean, tal vez, sean las más abismales en cuanto a sus planteamientos.