ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón impondrá multas de entre 1.500 y 3.000 euros a las entidades financieras, incluida la Sareb o banco malo, y a sus empresas inmobiliarias por cada casa vacía cuya propiedad le oculten. Esta es una de las medidas más destacadas del decreto de medidas urgentes de emergencia social que este viernes ha entrado en vigor en la comunidad y que adelanta algunas de las medidas que recogerá el decreto de vivienda.

La norma, publicada y vigente desde este viernes establece que, mientras se pone en marcha el Fondo Social de Vivienda, a cuya disposición deberán poner la banca y sus filiales las viviendas desocupadas procedentes de ejecuciones hipotecarias por si ese nuevo instrumento no dispone de suficientes para hacer frente a las necesidades de familias sin techo –formalmente, “personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad”-, los bancos deberán presentar cada tres meses una declaración con el listado de inmuebles en esta situación que posean. Se considera “vivienda desocupada” la que lleve sin ser habitada un mínimo de seis meses en un año.

“La omisión de la declaración de titularidad de una vivienda conforme a lo establecido en esta disposición constituirá una infracción leve que será sancionada con multa de 1.500 a 3.000 euros”, señala el decreto, que añade que “cuando sean varias las viviendas cuya titularidad no haya sido declarada se impondrá una sanción por cada una de las omitidas”. La recaudación que la Administración autonómica obtenga por esta vía será asignada al presupuesto de la Dirección General de Vivienda.

Fórmulas “admisibles en derecho” y multas coercitivas

El decreto de medidas de emergencia social, impulsado por los Departamento de Vertebración del Territorio y de Derechos Sociales que dirigen respectivamente José Luis Soro (Cha) y Mariví Broto (PSOE), prevé que la comunidad formalice con los bancos, sus inmobiliarias y la Sareb convenios para aumentar la disponibilidad del parque público de viviendas.

El decreto de medidas de emergencia social prevé que la comunidad formalice con los bancos, sus inmobiliarias y la Sareb convenios para aumentar la disponibilidad del parque público

Cuando el ejecutivo asigne el uso de una de esas viviendas, su titular estará obligado a “otorgar título suficiente para el uso”; preferentemente mediante un arriendo y, de manera excepcional, a través de otras fórmulas “que resulten admisibles en derecho” y que incluyan “la correspondiente contraprestación”.

El Gobierno aragonés, que trata de eludir mediante ese planteamiento el veto judicial a iniciativas como la expropiación temporal de uso que impulsó la Junta de Andalucía, prevé que los ocupantes de esas viviendas no paguen un alquiler superior al 30% de sus ingresos y que la Administración autonómica complete la renta.

Los bancos podrán rechazar la ocupación de sus viviendas en algunos casos; entre otros, que sea inhabitable, penda sobre ella algún litigio o esté okupada. Sin embargo, se enfrentan a fuertes multas coercitivas en caso de demora en la entrega: un 1% del valor catastral el primer mes, un 2% el segundo y un 3% en cada uno de los siguientes, hasta llegar al 25%, algo que ocurriría el noveno mes.

El valor catastral medio de las 500.228 viviendas censadas en Zaragoza es de 85.037 euros, con lo que la multa media se situaría en una horquilla de 850 a 21.259 euros.

Más de 13.000 hogares aragoneses no tienen ningún ingreso

El decreto, que remite a posteriores normas sobre el veto a los lanzamientos cuyos afectados carezcan de un techo alternativo, incluye un mandato para que la Comisión Aragonesa de Derecho Civil estudie “el régimen jurídico de acceso y tenencia de la vivienda habitual en Aragón con objeto de proteger a las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad”. Es decir, que Aragón regulará con una norma propia de derecho foral la posesión de la vivienda principal.

31.700 hogares aragoneses tienen a todos sus miembros en paro y 13.420 de ellos no perciben ingreso alguno

El preámbulo del decreto apela a la situación de “emergencia habitacional” generada por la crisis y por la ampliación de la vulnerabilidad, el empobrecimiento y el riesgo de exclusión que esta ha provocado: 31.700 hogares aragoneses tienen a todos sus miembros en paro y 13.420 de ellos no perciben ingreso alguno, según los datos oficiales del Iaest (Instituto Aragonés de Estadística).

Este organismo también revela que “durante el segundo trimestre del 2015 se iniciaron 331 ejecuciones hipotecarias en relación con viviendas nuevas (42) y usadas (289)”, situación a la que “se unen las dificultades para afrontar el pago de los alquileres que ha generado un aumento significativo del porcentaje de desahucios en arrendamientos de viviendas”.

Ayudas sociales inembargables y medidas contra la pobreza energética

La norma dedica un apartado a la pobreza energética, que según los datos oficiales afectaba el año pasado a 1.300 hogares en una comunidad en la que otros 6.000 estaban en situación de vulnerabilidad.

La norma dedica un apartado a la pobreza energética, que según los datos oficiales afectaba el año pasado a 1.300 hogares en una comunidad en la que otros 6.000 estaban en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, señala que la Administración podrá atender los impagos de las familias en los suministros de agua, gas y electricidad y, también, que negociará con las empresas suministradoras convenios “para evitar los cortes de suministro” por “falta de recursos económicos de personas o unidades familiares en situación de urgencia social” y que fomentará “la concesión de ayudas o la aplicación de descuentos en el coste de los consumos mínimos”.

Por último, el decreto declara inembargables las ayudas sociales que reciben los aragoneses que “carezcan de medios económicos suficientes” –incluye las becas de comedor y la futura renta básica-, que dejan de tener carácter de subvención.

“El actual carácter embargable de las prestaciones económicas de carácter social desvirtúa por completo su carácter finalista”, indica el texto, que llama la atención sobre el riesgo de que un “esfuerzo presupuestario y financiero público de carácter netamente social termine cubriendo finalidades distintas que no son objeto de atención por las citadas ayudas”.