El Gobierno ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el plan ibérico de la energía para topar el precio del gas y amortiguar la crisis económica que sufren los hogares y las empresa. Tras las intensas negociaciones con Bruselas, España ha conseguido sellar, junto a Portugal, un plan que limita a 48 euros el MWh la cotización del combustible gasista en los mercados. No obstante, el tope arrancará en estos primeros meses en los 40 euros MW/h. Esta regulación se extenderá durante un año año, al menos hasta el final del próximo invierno.

Este plan afecta al gas que se utiliza para generar energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado y no al gas convencional que calienta las calderas, que ya fue topado por el Gobierno en 2021. De esta forma, estas plantas producirán con un límite cercano a los 50 euros por megavatio, mientras que en la actualidad lo estaban haciendo a más de 70 euros de media. Así se garantizará que el mercado mayorista de la luz pase de cotizar por encima de los 200 euros actuales a una media de 130 euros MWh, beneficiando directamente a aquellos consumidores que poseen una tarifa regulada PVPC, el 37% de consumidores  domésticos y el 70% de las empresas. Los cálculos del Gobierno hablan de una bajada de en torno al 30%.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado tras el Consejo de Ministros que ese límite del precio del gas no correrá a cargo de la ciudadanía ni del Estado, sino que se pagará con un recorte de los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas que operan en el Estado. "Por primera vez, no pagarán los mismos. En otro tiempo, una situación como esta se habría saldado con una mayor aportación en los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho, en una referencia al modo en el que trató de sortear la crisis financiera de 2008. "Por primera vez, en este compromiso del Gobierno a la protección de los consumidores domésticos e industriales, se reducirán los beneficios extraordinarios de las eléctricas para que nos beneficie a todos".

Sin embargo, el texto del Real Decreto no es tan contundente como el discurso de Ribera. De hecho, en ningún momento se habla de que la liquidación del mecanismo vaya a ser costeada al 100% través de la minoración de los sobrebeneficios. La compensación económica a las centrales las realizará el operador del sistema, Red Eléctrica Española (REE), de tal forma que se cargue a los consumidores del PVPC, siempre sin que las facturas se vean afectadas y mantengan los precios por debajo de los 140 euros MWh del mercado mayorista, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. La reforma se ha plasmado así para evitar una reacción de las eléctricas, que amenazaban con subir las tarifas del mercado libre si se les cargaba a ellas el coste total del tope al precio del gas, tal y como adelantó InfoLibre.

Un Decreto que sigue esperando el 'O.K.' de Bruselas

La reforma coyuntural del mercado eléctrico empezará a aplicarse al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se prevé este mismo sábado. No obstante, Ribera ha informado de que algunas disposiciones y asuntos técnicos deberán ser aprobados de manera definitiva por la Comisión Europea, lo cual podría ocurrir "en los próximos días o semanas". Los consumidores no comenzarán a disfrutar de la bajada de precios hasta que no haya luz verde por parte de Bruselas.

La medida consolida la excepcionalidad energética de la península ibérica, un territorio sin apenas conexiones con Europa y con una alta cuota de renovables. Portugal y España reclamaron a Bruselas aprobar este plan temporal al considerar que estaban siendo perjudicados por los precios del gas, al alza por la guerra en Ucrania, a pesar de tener una baja dependencia de Rusia. Los problemas en las conversaciones no han venido tanto por el límite de precio sino por el interés de la Comisión de avanzar hacia un mercado energético único en el viejo continente. No en vano, el tope conseguido no ha sido el propuesto inicialmente, pues tanto Pedro Sánchez como António Costa reclamaron al inicio de las conversaciones ubicar la cifra en los 30 euros el MWh.

Las presiones del sector empresarial sobre el Gobierno se han hecho evidentes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Tanto es así que Ribera se ha referido a las palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que llamó "tontos" a los consumidores que disfrutan de una tarifa PVPC, la mayor beneficiada por la reforma del Ejecutivo. La vicepresidenta ha dicho que las declaraciones del empresario le produjeron un "profundo bochorno" y le ha recordado que el bono social al que acceden las personas vulnerables solo se puede solicitar con un contrato de ese tipo. "Nos hubiera gustado mucho que las eléctricas hubieran tenido un comportamiento más acorde a la situación y hubieran hecho ofertas en el mercado libre más ajustadas a la situación de los hogares", ha zanjado.

El lobby de las eléctricas ha intentado enfangar las negociaciones, al considerar injusta la propuesta hispanolusa de topar el gas a cargo de un recorte de los sobrebeneficios. De hecho, Iberdrola, Endesa, EDP y las patronales de ambos países, Elecpor y Aelec, enviaron una carta a Bruselas a finales de abril en la que tildaban el plan de "incompatible" con las normas europeas y avisaban de supuestos "costes" para la economía.