El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes varios aspectos que estaban incluidos en la ley de Función Pública que el Ejecutivo negoció sin llevar a término con los sindicatos la pasada legislatura, entre los que se incluyen la evaluación del desempeño de los empleados públicos.

Así lo ha anunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que el objetivo de las medidas es el de "modernizar la Administración pública".

Algunas de las medidas aprobadas, ha indicado Bolaños, derivan del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2006. "Se refuerza la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos y funcionarios", ha afirmado el ministro, lo que servirá para valorar su conducta, desempeño y el cumplimiento de objetivos.

Igualmente, se introduce la carrera profesional horizontal, que permite progresar por tramos desde el mismo puesto en la empresa o administración pública, y también se regulan las figuras de los directivos públicos.

El titular de Justicia ha avanzado asimismo una "planificación estratégica de los recursos humanos" en el ámbito del empleo público con la profesionalización de los tribunales, un modelo de selección "más ágil" y la transformación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en una "agencia".

No podrá perderse la condición de funcionario

Según ha informado Hacienda a través de un comunicado, las nuevas evaluaciones del desempeño se plantean "en positivo", es decir, ya que persiguen "una mejora de la productividad que redunde en una mejor prestación del servicio público".

"En ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen", asegura Hacienda, pues en caso de no pasar esa evaluación "se fomentarán las medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño".

Este funcionamiento de la evaluación de los empleados públicos responde a lo acordado con los sindicatos CCOO y UGT durante la negociación del anteproyecto de ley presentado en el Congreso y que decayó por el adelanto electoral.

"No se crea un complemento nuevo", ha asegurado Javier Martínez, de CCOO en la Administración General del Estado (AGE), que explica que funcionará como la productividad, un complemento que ya se cobra, pero no en toda la administración.

"No es que vayamos a incrementar la retribución, sino la forma de percibirla", han detallado desde CCOO, aunque añaden que la reforma sí servirá para que este complemento retributivo llegue a colectivos que hasta ahora no lo percibían.

Cierta "sorpresa" entre los sindicatos

"No nos han trasladado información al respecto", ha señalado el sindicalista de CCOO en la AGE, y aunque indica que sí han tenido en cuenta varias de las disposiciones acordadas con los sindicatos en la anterior legislatura, la aprobación de este martes mediante un real decreto les ha pillado por "sorpresa".

Según Martínez, el Gobierno les había planteado a las centrales que se aprobaría mediante proyecto de ley y ahora se cuestionan si podrán introducir modificaciones al decreto aprobado por el Ejecutivo.

En este sentido, desde CCOO critican un endurecimiento "excesivo" del régimen disciplinario contra el que ya se habían expresado los sindicatos.

Ese régimen disciplinario, que ya existía antes, sí contempla la posible pérdida de la condición de funcionario.

Por parte de UGT, han destacado que materializa varios de sus objetivos, como el modelo de carrera horizontal, que "permitirá la progresión de un itinerario de tramos que favorezca las expectativas de trayectoria profesional, sin cambio de puesto de trabajo".

Respecto a la planificación estratégica de recursos humanos con carácter plurianual, UGT recuerda que han denunciado durante años "la necesidad de abordar las acuciantes carencias de personal que tiene la AGE" y que "se van a acrecentar en los próximos años dada la avanzada media de edad de dicho personal".

En este sentido, valoran que se haya conseguido una planificación estratégica plurianual y también que se regule la figura del Personal Directivo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, ha exigido al Gobierno negociar el desarrollo de esta iniciativa, es decir, que "pase por la mesa de negociación la letra pequeña y el desarrollo de las diferentes medidas en materia de recursos humanos, acceso al empleo público, evaluación del desempeño, carrera profesional o la regulación del personal directivo".