El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha vuelto a amenazar hoy a la Generalitat de Catalunya con la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución si declaran la independencia. "El Gobierno actuará con inmediatez, firmeza y serenidad", sentenció el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

El también titular de Educación insistió en las declaraciones que el propio presidente realizó ayer en una entrevista con la agencia Efe en las que se comprometió a "hacer lo mejor para España" en el momento "más oportuno". "Sin renunciar a nada", apostilló Méndez de Vigo abriendo la puerta a un sinfín de alternativas.

El portavoz advirtió así, sin especificar cuáles, de las "consecuencias" que tendría una declaración unilateral de independencia y pidió a los dirigentes catalanes -Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, principalmente- que "vuelvan a la legalidad".
"Eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es lo que está pidiendo toda la sociedad, los editoriales de los medios, los empresarios, los sindicatos y millones de catalanes", dijo Rajoy ayer y repitió Méndez de Vigo hoy.

El Ejecutivo central volvió a ofrecer diálogo pero, a su vez, cerró la puerta al mismo. "Para dialogar hay que estar en la legalidad", sentenció Méndez de Vigo, que incidió en la petición para que el presidente del Govern "se sitúe en el orden constitucional". Una vez abandone los planes independentistas, añadió el portavoz de Moncloa, serán "los representantes de todos los catalanes" quienes deberán "sellar las fracturas" empezando por el Parlament. 

No obstante, no quiso responder si el Gobierno volvía a confiar en Puigdemont y Junqueras como interlocutores válidos en caso de que "vuelvan al orden constitucional". Algo que quedó descartado la semana pasada pero que con la invitación a la "vuelta a la legalidad" ya no está tan claro. "Lo importante es que hablen los representantes catalanes entre sí, que restauren la convivencia perdida y por eso el Gobierno les pide que no sigan con planes que lleven a una declaración unilateral de independencia porque ese no es el camino", se limitó a contestar.

Sin embargo, el ministro se defendió de quienes acusan a Rajoy de no actuar para poner freno a esta situación. "El Gobierno toma medidas todos los días y la más importante es la de hablar, explicar las cosas, hacer pedagodía en su afán de volver a la legalidad", argumentó.

Del mismo modo, arremetió contra quienes les presionan para que apliquen ya el artículo 155 de la Constitución, como es el caso de Albert Rivera -a quien no dejó de agradecer el "apoyo" mostrado- o José María Aznar, pasando por media docena de miembros de la organización ultra Hazte Oír que acudieron a manifestarse a las puertas de Moncloa vestidos de gallinas. "El Gobierno defiende la libertad de expresión, pero actuará cuando tenga que hacerlo y no se va a dejar influir por nadie", zanjó Méndez de Vigo en un tono más brusco de lo habitual y justo antes de dar por terminada la rueda de prensa.

Antes de eso, el ministro de Educación avaló las declaraciones del delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, en las que pidió perdón por la violencia policial del pasado domingo durante la celebración del referéndum del 1-O. "Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplían un mandato judicial para retirar urnas que no iba dirigido contra las personas. Hubo incidentes y personas perjudicadas por ello y todos lo sentimos", sentenció. No obstante, también restó importancia al número de heridos -"no se corresponde con la realidad", dijo- y se congratuló porque, a día de hoy, "sólo" hay una persona hospitalizada.

Y, volviendo estrictamente al desafío independentista, Méndez de Vigo incidió en la petición para que la Generalitat "no dé pasos irreversibles". Tanto el portavoz como el ministro de Economía culparon a la propia Generalitat de la fuga de empresas que comenzó ayer. Después de facilitar, con un decreto ley, los cambios de domicilio social de las compañías, Luis de Guindos se lavó las manos. "El Gobierno no decide nada. Es voluntario. Es muy triste que estemos viendo la salida de empresas de Catalunya pero esto no es culpa de las empresas, es culpa de una política irresponsable que genera alarma, incertidumbre e inquietud", sentenció. 

"Cuando te sitúas fuera de la legalidad, lo que crece es la incertidumbre", repitió también Méndez de Vigo, que aseguró que ya son muchas las voces que, dentro de Catalunya piden eso mismo: "empresarios, sindicatos, editoriales de periódicos catalanes...", enumeró. 

Sin embargo, no quiso valorar el cambio de fecha del pleno del Parlament como un símbolo de la Generalitat para "volver a la legalidad" dado que esta vez sí ha respetado la anulación del Tribunal Constitucional de una sesión que estaba prevista para el lunes y que, finalmente, será el martes. "Al Gobierno no le gusta calificar las actuaciones de los demás, pero todo lo que sea ir en favor de la convivencia me parece positivo", concluyó Méndez de Vigo.