El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, con un texto que en inicio supone un importante avance respecto a la conocida como Ley de Memoria Histórica que aprobó en el año 2007 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya que, entre otras medidas, el Estado será el responsable de exhumar los todavía miles de republicanos y luchadores por la democracia que continúan en cunetas y fosas comunes desde su fusilamiento por el franquismo; prohíbe actividades de exaltación y enaltecimiento de la dictadura; dispone la retirada de medallas y condecoraciones a expolicías vinculados con la práctica de la tortura durante el tardofranquismo; o, entre otras medidas, recoge la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas que llevaron a la cárcel o frente al paredón a miles de españoles por sus ideas políticas como fue el caso del poeta Miguel Hernández o el expresidente de la Generalitat Lluís Companys.

La aprobación de este Anteproyecto es el primer paso en un proceso que el Gobierno espera culminar "lo antes posible", pero que no será breve. El texto aprobado tiene que ser enviado a diferentes órganos e instituciones que se verían afectadas por su aprobación como, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. Una vez se pronuncien estos órganos el texto regresará al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda vuelta y sería entonces cuando sería registrado en el Congreso para su debate, proceso de enmiendas y búsqueda de una mayoría parlamentaria. Fuentes del Ejecutivo, no obstante, se muestran optimistas y esperan contar con un respaldo parlamentario más que suficiente que garantice su aprobación sin grandes problemas. 

La aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de ley por parte del Gobierno de PSOE y Podemos supone cumplir con una de las principales exigencias que desde los diferentes órganos internacionales de derechos humanos han solicitado al Estado español desde hace años: que sea el Estado el que se encargue de las exhumaciones y no las familias y asociaciones de memoria, tal y como sucede en la actualidad. No obstante, también hay aspectos que han quedado fuera. Por ejemplo, desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina han lamentado en diversas ocasiones que este Gobierno no se haya comprometido a dar acceso a la Justicia en España a las víctimas de la dictadura que actualmente tienen un proceso abierto contra el franquismo en Argentina por posibles delito contra la humanidad. 

El avance en materia de derechos y de recuperación de Memoria democrática, no obstante, sí es palpable en este Anteproyecto del Ejecutivo y contrasta en cambio con otro de los temas que este martes marcarán el debate político en España. Y es que el mismo día que el Ejecutivo comenzará a dar pasos para la aprobación de esta ley el partido de extrema derecha Vox, que rechaza condenar la dictadura franquista, defenderá en el Congreso de los Diputados una iniciativa con un contenido radicalmente diferente y que recuerda, por su contenido, a tiempos pasados.

El partido liderado por Santiago Abascal defenderá en el Congreso este mismo martes su proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Partidos Políticos de 2002 que busca ilegalizar a formaciones y partidos políticos que defiendan posiciones independentistas o que participaron en el proceso independentista catalán de 2017. El texto no cita a ningún partido en concreto pero incluiría por su contenido a ERC, Junts, el BNG, la CUP y EH Bildu, entre otros, aunque los de Santiago Abascal tampoco descartan la inclusión del PNV. Por tanto, la propuesta de Vox, en caso de ser aprobada, afectaría a cinco o seis de los trece partidos políticos que, actualmente, tienen representación en el Congreso de los Diputados. 

La coincidencia en el calendario de estas dos propuestas políticas provoca que en un mismo día se den dos acontecimientos de un cariz radicalmente diferente. Por un lado, el Gobierno dará el primer paso para anular las sentencias condenatorias de los tribunales franquistas contra españoles que tienen ideas políticas diferentes al régimen, mientras que el grupo de extrema derecha Vox, con 52 diputados, defenderá en el Congreso la prohibición de partidos políticos por sus ideas y propósitos independentistas. 

La politóloga y profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza Cristina Monge ha explicado a Público que la propuesta de Vox de "ilegalizar partidos por sus ideas políticas" no tiene cabida en la democracia española ni "política ni jurídicamente", pero que más allá de este punto, el partido de extrema derecha lo que está buscando es "desmarcarse" del resto de formaciones políticas "para intentar mantener su estrategia de partido outsider aunque cada vez sea más difícil de sostener por su apoyo a gobiernos como el de Andalucía o Madrid".

De hecho, Monge ve esta iniciativa de Vox una pata más de la estrategia discursiva que ya inició el partido de extrema derecha hace apenas unos días cuando señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor en "ochenta años", un período histórico que incluye la dictadura franquista. "La iniciativa de Vox es un brindis al sol en clave de estrategia comunicativa. Saben que no va a ser aprobada, pero es una manera de buscar su espacio propio y diferente al resto, incluido al Partido Popular".