El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Euskadi para el traspaso de funciones y servicios en materia migratoria. Las autoridades vascas asumirán el desarrollo de la gestión integral del proceso de acogida de las personas refugiadas. La fase de autonomía de las personas que han accedido a la condición de protección internacional tiene una duración máxima de seis meses y durante este tiempo, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales les brindará recursos y apoyo para impulsar su integración social.

Esta transferencia no tiene efectos sobre los centros de acogida de refugiados y tampoco se refiere a los procedimientos de asilo, que siguen siendo gestionados por el Estado. La cesión únicamente afecta a los itinerarios de integración social que siguen las personas migrantes una vez que el Gobierno les ha reconocido su protección internacional.

La fase de autonomía de las personas que han accedido a esta condición tiene una duración máxima de seis meses. Durante este período de tiempo, recibirán el soporte de las autoridades vascas para acceder a la formación para el empleo, buscar vivienda y participar en actividades de inserción.

El Gobierno Vasco ha reconocido que, aunque no tenía la competencia concreta, ya garantizaba prestaciones "de manera natural" para los solicitantes de protección internacional desde hace muchos años. El traspaso permitirá reforzar el modelo de acogida de Euskadi, que ofrece servicios a la población de origen extranjero para su acompañamiento en los procesos de integración.

La valoración económica de la transferencia se ha cifrado en 2,4 millones de euros anuales a nivel estatal. Este dinero se calcula para luego descontar la parte proporcional de Euskadi en el pago al Estado del Cupo. La transferencia forma parte del acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez y debía cumplimentarse en el primer trimestre del año. Hace una semana, los dos gobiernos cerraron el traspaso del servicio ferroviario de Cercanías y la homologación de títulos universitarios, también pendientes desde el mes de noviembre.

El acuerdo deberá ser ratificado en los próximos días por la Comisión Mixta de Transferencias. La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, considera que este traspaso "pone en valor otras políticas públicas que actúan sobre los procesos de integración de estas personas". La cesión de competencias migratorias será la última de la legislatura en Euskadi, que celebra elecciones autonómicas el próximo 21 de abril.

"Un ejemplo lo tenemos en la transferencia cerrada la semana pasada, la de homologación de titulaciones extranjeras, teniendo en cuenta el contexto de alta demanda de personas trabajadoras cualificadas", ha subrayado la consejera. El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha destacado en las redes sociales que este mes de febrero "ha sido clave para el cierre de los acuerdos de transferencia de las tres materias comprometidas".

"La fase de autonomía personal de las personas acogidas con protección internacional, las cercanías ferroviarias y la homologación de títulos universitarios formarán parte del autogobierno vasco", ha subrayado. Itxaso ha confirmado que la firma de estas materias se estampará "en breve" y quedarán así certificados tres traspasos al Gobierno Vasco que el Ministerio de Política Territorial "ha trabajado con rigor y seguridad jurídica".