MADRID.- Sanciones de hasta 150.000 euros por construir o remover terrenos sin permiso administrativo donde existan fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil; de entre 2.001 a 10.000 euros por no comunicar el descubrimiento de una fosa o trasladar restos humanos sin autorización; y de entre 200 y 2.000 por exhibir públicamente símbolos franquistas. Estas son algunas de las sanciones que recoge el borrador de la ley de Memoria Democrática Valenciana, que elabora la Conselleria de Justicia, y al que ha tenido acceso El Mundo. 

Con esta ley, la Generalitat Valenciana pretende recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidos, elaborar mapas de localización de fosas comunes, prohibir la exhibición de símbolos franquistas y evitar la destrucción de fosas comunes. Así, el borrador, según se desprende del mismo, honrará "a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a los que lucharon contra la dictadura en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos". 

La ley establecerá además que será la Generalitat la responsable de crear un censo en el que se relacionarán e información relativa a ellas y estará obligada a "realizar las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas y de elaborar mapas de localización de restos, así como la responsable de autorizar toda localización, exhumación e identificación de restos y de autorizar la construcción o remoción de terrenos en los que se tenga conocimiento de la existencia de restos humanos". 

Obliga a las iglesias a retirar símbolos

El borrador también prevé la retirada de símbolos de la dictadura en propiedades de titularidad privada, como las iglesias. El borrador establece que "la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial se considera contraria a la memoria democrática valenciana y a la dignidad de las víctimas".  

Así, el borrador también establece que cuando estos elementos estén colocados en edificios privados con proyección a un espacio o uso público los propietarios deberán "retirarlos o eliminarlos". Asimismo, recoge que la Generalitat "no subvencionará, bonificará o prestará ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática valencia".