Un juez de Barcelona ha abierto una investigación por las cargas policiales del domingo tras admitir a trámite una denuncia del Govern de la Generalitat contra la operación desplegada por los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el domingo el referéndum de independencia.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha rechazado los argumentos del fiscal, que pidió investigar sólo los hechos de un colegio: "Afectación de la normal convivencia la hubo, toda vez que existieron disturbios y lesionados en al menos 17 lugares distintos de la ciudad en una misma mañana".

El juez no avala, por tanto, la versión de la Fiscalía --que en su escrito aseguró que la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional no había afectado a la normal convivencia-- y considera que la investigación deberá determinar si se alteró la convivencia por culpa de los agentes, de los manifestantes o por una combinación de ambos.

Recuerda el auto que hasta martes el juez recibió un total de 99 partes de lesiones --la mayoría leves, de hematomas y erosiones pero también dos casos de lesiones graves-- y denuncias de diferentes personas que se encontraban en el lugar de los hechos y dicen haber sido agredidas por los agentes.

"Ante la avalancha de denuncias y partes médicos derivados de la actuación de los agentes del CNP --Policía Nacional-- el día 1 de octubre en esta ciudad, debe rechazarse la petición del fiscal de investigar únicamente los hechos ocurridos en la Escola Infant de Jesús, de la calle Avenir de Barcelona, donde paradójicamente afirma el CNP que no actuó", dice el juez.

También discrepa del argumento de la Fiscalía de que no estuvieron afectados la mayoría de los centros de votación, que el Ministerio Público expuso al descartar que hubo una violencia generalizada: "No puede ser utilizado para minimizar la gravedad que puedan tener hechos concretos y determinados", responde el juzgado.

Con todo ello, el juez considera evidente que la investigación no puede limitarse a un centro de votación sino a todos "para determinar, con la claridad que sea posible, cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál fue la concreta actuación de los agentes y los ciudadanos que allí se encontraban".

Proporcionalidad

"Si es cierto que los agentes del CNP se encontraban en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo un mandato judicial, no debe evitarse el análisis de lo ocurrido para comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza", concluye el juez.

El fiscal también afirmaba en su escrito que el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación debe ejercerse con respeto a la ley y que, en este caso, el referéndum había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, el juez le ha respondido que lo que era ilegal era la convocatoria pero "no es ilegal ni ilícito que los ciudadanos, convocados por una administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó (...) a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado incluido depositar un papel sin valor legal en una urna".

Piezas separadas

"Voto que, en todo caso, no puede producir ningún efecto jurídico relevante, al estar suspendida la ley que le daba tal sustento", admite el juez.

Por todo ello, el juez ha abierto una treintena de piezas separadas --una por cada centro de votación-- desde la que se irá llamando a lesionados, investigados y testigos que corresponda.