Los fiscales del procés han enviado un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde le piden “amparo institucional” frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de lawfare y depurar responsabilidades. El jefe de la Fiscalía General ha contestado que “velará siempre por la autonomía” de los fiscales, pero que no se pronunciará sobre la amnistía hasta que sea ley.

Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno habían reclamado a García Ortiz que les concediera “amparo institucional” porque “junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público”.

“El contenido de este acuerdo nos genera una especial preocupación”, afirman los fiscales y subrayan que “la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, no es admisible en un Estado que se proclama democrático y de Derecho”, y que “iniciativas como esta demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial”.

Asimismo, reivindican que su intervención en la causa del procés “se sujetó estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad”, por lo que “calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta”.

Los fiscales reclaman a García Ortiz que “actúe en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley, y en defensa de quienes como miembros de esta institución ejercieron sus funciones con responsabilidad”.

La respuesta del fiscal general

García Ortiz ha contestado que el Ministerio Fiscal “debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de Derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado”.

Además ha añadido que “cualquier posicionamiento del Ministerio Publico respecto de una futura amnistía exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento”, pero ha asegurado que velará siempre “por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad”.

También ha señalado que “el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”.