'Nunca, nunca he probado el cannabis', ha recalcado una y otra vez este miércoles el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. El exalcalde de Madrid respondía con esas palabras al portavoz de ERC, Alfred Bosch, que se había interesado por si el ministro había consumido esa sustancia en algún momento de su vida, durante una interpelación urgente en la que ha defendido el impacto económico y fiscal de la legalización de la producción y el consumo de cannabis.

Los independentistas consideran en su texto que es 'incomprensible' que aún no se haya legalizado la marihuana y sus derivados a pesar de que su consumo 'normalizado' es 'una realidad indiscutible' en España, y pese a que 'la mayoría de la población lo considera tan normal como el consumo de tabaco o alcohol'. 'Las políticas prohibicionistas y represivas se han demostrado ineficaces para frenar su consumo', enfatiza ERC.

Menciona, además, un estudio de diferentes asociaciones que defienden el uso del cannabis que señala que la legalización podría crear 40.000 puestos de trabajo sólo en el sector de la producción de la droga, 'lo cual supondría unos ingresos para la seguridad social de unos 400 millones de euros' anuales. Esas mismas asociaciones cuentan, según los independentistas catalanes, la legalización de su consumo con su consiguiente tributación del IV supondría para las arcas públicas una recaudación adicional de unos 200 millones. 

Gallardón, por su parte, ha asegurado que 'no deben primar los intereses recaudatorios del Estado sobre el derecho a la salud', aunque no ha descartado que se abra un debate sobre el efecto del consumo de cannabis en la salud. Y, a renglón seguido, el ministro de Justicia ha recordado las palabras de Bernat Pellisa, alcalde de la localidad de Rasquera (Tarragona), que justificó la instalación de una plantación de marihuana en el municipio alegando que podía ayudar económicamente a lograr la independencia de Catalunya. 

'Si seguimos por este camino y el discurso de su partido no es solamente sacar a Catalunya de España, que significa sacarla de Europa y del euro, sino que además quiere situarla como un Estado al sur de Europa que viola la legalidad internacional y que se financia mediante el tráfico de estupefacientes, no creo que sea el camino inteligente', ha advertido el ministro.