El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón arremete contra la Guardia Civil en el recurso que ha presentado contra su imputación en el caso Lezo —por la compra de Inassa en 2001—, en el que acusa al instituto armado y a la Fiscalía Anticorrupción de otorgar condición de "hechos objetivos" a las manifestaciones vertidas en su web por la asociación ATTAC Madrid, para quienes estas acusaciones han desplegado "la alfombra roja procesal".

El escrito, que constituye un recurso de reforma contra su citación para el próximo 7 de junio, lo firma Ruiz-Gallardón como letrado junto con tres miembros del bufete de Luis Rodríguez Ramos y se presenta también en defensa de los otros tres investigados que han sido imputados junto a él, que son el que fuera su número dos en el Gobierno regional, Manuel Cobo y los exconsejeros Carlos Mayor Oreja y Juan Bravo. Se pide la revocación de las citaciones de todos ellos hasta que sean informados de los hechos presuntamente delictivos que se les atribuyen indiciariamente.

En su recurso, de 291 páginas y en el que aporta abundante documentación para sustentar su defensa, Ruiz-Gallardón acusa concretamente a la UCO de incluir en sus informes determinadas informaciones y datos hechos públicos por esta asociación ue después hace suyas el Ministerio Fiscal, lo que a su juicio "es sangrante para cualquier ciudadano". Recuerda el escrito que ATTAC Madrid tiene como fin "la reconquista por los ciudadanos del poder que la esfera financiera ejerce sobre todos los aspectos de la vida", según detalla en su propia web y que las afirmaciones que en ella se vierten sobre la actividad del Canal son "irrazonables".

Considera también que en la instrucción llevada a cabo hasta ahora por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no justifica la "pertinencia, necesidad e idoneidad" de la comparecencia de los que fueran miembros del Consejo de Gobierno que de forma colegiada decidieron la compra de Inassa en 2001.

Y ello porque el informe de la fiscal Ana Cuenca justificando sus citaciones reconoce que en la causa aún no consta ni el acta redactada por este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar el acuerdo, por lo que no existe ningún elemento que apunte a la existencia de una sobrevaloración de la empresa adquirida.

Añaden además que no existe ninguna relación entre la compra de Inassa en 2001 y la operación de compraventa de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes en 2013 que se investiga respecto al también expresidente Ignacio González.

Sólo un 4,67% del gasto de ese día

Esta parte insiste en que la actividad del Consejo de Gobierno de Ruiz Gallardón fue la de aprobar de forma colegiada los 96 puntos que se proponían de acuerdo con el trabajo preparatorio de los servicios técnicos. Uno de estos puntos era el referido a Inassa y la cuantía total de todas las propuestas de ese día ascendía a 1.561 millones de euros, por lo que la compra relacionada con el Canal fue tan solo de un 4,67% del gasto tratado en dicha fecha por el Gobierno regional.

Sobre la elección de una sociedad panameña para realizar la operación, el escrito de Ruiz-Gallardón niega que se buscara opacidad como defienden la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía en sus informes, y añade que lejos de ello los hechos "nunca fueron objeto de ocultación alguna sino de una total y absoluta transparencia y fiscalización, que hizo hasta la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid" tal y como lo recogió en sus informes, que se aportan al juzgado.

Concluye que no existe en el sumario indicio alguno de que los 73 millones pagados en 2001 por Canal Extensia —no fueron 100 millones como se señala por la acusación— contuvieran sobreprecio alguno distinto de las manifestaciones manuscritas que según esta parte ordenó mecanografiar el exdirector general del Canal Ildefonso de Miguel en un informe elaborado por el despacho Cuatrecasas, todas ellas "incompatibles con el contenido del sumario y, por tanto, irrazonables desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva de los tribunales oficiales".

Por el momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción númeor 6, ve irregularidades en "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.

La Fiscalía acusa al exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras de diseñar una operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y "repleta de irregularidades" puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.

En su declaraciones ante el juez instructor, los exdirectivos de la empresa pública madrileña negaron las acusaciones y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía de aguas. Además, tanto los principales directivos del Canal como el resto de miembros del entonces consejo de administración desvincularon de esta operación a Gallardón, asegurando que no sólo no intermedió en su nombramiento en la empresa pública, sino que no tenía relación alguna con él.