La Fundación Francisco Franco ha remitido un burofax al Gobierno en el que amenaza con presentar una querella por la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Según adelanta La Sexta, medio que ha tenidio acceso a dicho documento, en el texto, firmado en nombre de la Fundación por Cristóbal Martínez Bordiú, uno de los nietos de Franco, se afirma que el Gobierno puede estar cometiendo delitos de prevaricación y usurpación así como de otro de profanación de sepultura.

En el texto se afirma que el decreto ley para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos "contraviene el artículo 86 de la Constitución por falta absoluta de presupuesto habilitante al no concurrir el requisito imperativo de la extraordinaria y urgente necesidad".  

Por ese motivo, la Fundación advierte de que la exhumación podría ser constitutiva "de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto, inviolable, de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979".

El Gobierno no ha comentado nada respecto a este burofax ya que considera que "no es una vía oficial". El pasado viernes 24 de agosto, cuando el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez aprobó el decreto ley para exhumar los restos del dictador, la vicepresidenta Carmen Calvo ni confirmó ni desmintió la llegada de un primer burofax cuando fue preguntada por ello.

La familia de Franco ya advirtió en su momento de que agotaría los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos mortales del dictador.

Lo hizo el mismo día en el que el BOE publicó el real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, que modifica la Ley de Memoria Histórica para establecer que el Valle de los Caídos será un "lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas" de la Guerra Civil donde "solo podrán yacer los restos mortales" de los fallecidos en la contienda.

El texto del decreto ley declara "de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales" del dictador.

El Ejecutivo pondrá en marcha mañana viernes el procedimiento para la exhumación, con la aprobación de un acuerdo de incoación, que designará un órgano instructor y dará 15 días a la familia para que puedan personarse y presentar las alegaciones, así como para comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.