La Fundación Francisco Franco vuelve a dar de qué hablar. La institución que honra la memoria del dictador y gestiona las visitas al Pazo de Meirás ha anunciado este lunes que hará "todo lo que esté en su mano para asegurarse de que los asaltantes al Pazo de Meirás reciban su justo castigo de acuerdo con la ley".

De este modo, y a través de un comunicado, la Fundación avanza que tomará medidas contra los cargos y militantes del BNG y la CIG que el pasado 30 de agosto entraron en el Pazo de Meirás y desplegaron una pancarta para reclamar la devolución de este inmueble, catalogado como bien de interés cultural (BIC), al patrimonio público. Cabe destacar que la Fundación Franco canceló las visitas al Pazo de Meirás "por motivos de seguridad", según señaló en un comunicado colgado en su web. 

Sin embargo, esta no es la única información de tribunales que protagoniza este lunes la Fundación que lleva el nombre del dictador. La coordinadora en Galicia de Izquierda Unida (IU) y diputada de En Marea, Eva Solla, ha anunciado la intención de la formación de denunciar ante la Fiscalía "indicios" de un delito de odio a la Fundación Francisco Franco por las declaraciones de sus portavoces.

En una conferencia de prensa, Solla ha explicado que las palabras de responsables de la citada Fundación, que gestiona el Pazo de Meiras, una residencia veraniega en Galicia propiedad de la familia Franco, pueden ser entendidas como un delito de odio, por "negar crímenes de lesa humanidad".

Solla ha aludido así a una entrevista publicada por la cadena de televisión La Sexta en la que el portavoz de la citada Fundación, Jaime Alonso García, señaló que "Franco no fusilaba ni mandó fusilar" y que se trataba de "condenas a muerte" que en ocasiones "conmutaba".

Por ello, ha señalado que IU está trabajando en la presentación de una denuncia "en próximas fechas", aunque ha opinado que la Fiscalía "debería estudiar" de oficio el ánimo de esta entidad de "degradar a las víctimas".

La Xunta defiende la multa a la familia Franco

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha defendido que la multa de 4.500 euros impuesta a la familia Franco por no cumplir el régimen de visitas en el Pazo de Meirás es acorde al "marco jurídico y al procedimiento administrativo".

Rodríguez ha sido cuestionado desde diferentes partidos porque la multa no alcanza el máximo permitido, a lo que ha defendido que se ha fijado "en función de las inspecciones técnicas", añadiendo que "ni un conselleiro ni un alcalde pueden poner multas arbitrarias en función de lo que le parezca". 

Las críticas se producen porque el incumplimiento de la obligación de facilitar las visitas públicas a este tipo de bienes está tipificado como una infracción leve, con multas que van desde los 300 a los 6.000 euros.

Rodríguez también ha comentado las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, aseguró que no se emplearían "mecanismos franquistas" para recuperar el Pazo de Meirás.

"Lo que quiere decir el presidente, y es una opinión compartida no solo por el Gobierno de Galicia sino por todos los gallegos, es que el dinero de los gallegos no debe transmitirse a la familia Franco", ha afirmado.