La cuenta atrás ya ha empezado en el número 1 de la calle Edgar Neville de Madrid. Allí está la sede de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), una entidad que, ahora sí, se encamina hacia un proceso que acabaría, previsiblemente, en su extinción. Sus dirigentes, capitaneados por el ex general Juan Chicharro, saben que la cosa va en serio y se preparan, a su manera, para "resistir".

La defensa de la "libertad de expresión" en boca de un firme partidario de la dictadura franquista podría sonar a chiste, pero a día de hoy es un lema que se toma muy en serio en las oficinas de la FNFF en Madrid.  

Los amantes del régimen que persiguió, torturó y fusiló a un larguísimo número de "enemigos" buscan presentarse como "víctimas" de la ley de memoria democrática, que impide precisamente la apología de aquellos crímenes y de sus autores.

Las vías hacia su ilegalización están abiertas. Por un lado, el grupo parlamentario del PSOE registró esta semana en el Congreso una proposición destinada a reformar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, un paso necesario en el camino hacia la extinción de la FNFF.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó en junio pasado que había ordenado la puesta en marcha de una serie de actuaciones previas para determinar si la fundación franquista incumple con lo estipulado en la actual ley de memoria.

Petición de donativos

Mientras diseñan la estrategia a seguir, los dirigentes franquistas han aprovechado las circunstancias para pedir dinero a sus seguidores. En mensajes publicados en las redes sociales, la FNFF ha llamado a sus simpatizantes a colaborar económicamente para garantizar la "libertad de expresión".

La fundación ultraderechista se aferra precisamente a su carácter legal para ofrecer una ventaja a sus fieles: quienes hagan llegar dinero a este grupo franquista tienen, de momento, la posibilidad de incluir sus donaciones en la declaración de la renta.

"La FNFF vive de las modestas aportaciones de sus benefactores, cuyo número va bajando porque al fallecer los abuelos, los descendientes cancelan la suscripción", explican en un video dirigido a captar nuevos benefactores que quieran "recorrer juntos el difícil camino de la libertad".

"Allá donde se nos requiera"

De momento, los dirigentes franquistas han asegurado que acudirán a los tribunales para tratar de frenar el proceso de ilegalización. Así lo anunció en un artículo el general de brigada (retirado) Adolfo Coloma Contreras, actual coordinador de delegaciones en la fundación franquista.

"Desde que el ministro de cultura abrió la caja de Pandora anunciando a bombo y platillo el inicio del procedimiento para la incoación de un expediente que tiene por objeto la ilegalización de la FNFF, no se pueden ustedes hacer una idea de la cantidad de adhesiones, públicas y privadas, que estamos recibiendo", escribió en julio pasado.

Coloma defiende que los estatutos de la fundación, que fueron modificados recientemente en una triquiñuela dirigida a tratar de dificultar su proceso de extinción, establecen que se trata de "una entidad apolítica, totalmente respetuosa con la ley, por más que estemos en desacuerdo con las toxicas, torticeras, sectarias e iconoclastas leyes memorialistas".

"Nos situamos pues a la vanguardia de la defensa de la memoria del Generalísimo y de su obra, pero nos constituimos en esa vanguardia intelectual, de reflexión, y defensa de la verdad histórica, en los medios de comunicación, las redes sociales o los tribunales. Allí donde se nos requiera", remarcó Coloma.

"A los que nos atacan pretendiendo apagar nuestra voz, que nos encontrarán dispuestos donde nos citen, en la prensa o en los Tribunales", amenazó el militar retirado, quien dejó escrita otra frase dirigida al Gobierno: "No estamos solos".