"No se ha discutido nada aún, pero es un elefante en la sala". Esta frase pronunciada por fuentes próximas al Gobierno consultadas por Público resume la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el escándalo provocado por la fortuna oculta del rey Juan Carlos I en Suiza, y por la que el rey emérito está siendo investigado, tanto en Suiza como en España. El Gobierno ha optado por un perfil bajo y prefiere comprometerse lo menos posible ante un problema que, efectivamente, crece día tras día.

Moncloa parece consciente de la gravedad del asunto y de que es necesario tomar alguna medida, pero espera que sea la Casa Real la que dé el primer paso bien sea apartando a Juan Carlos I de la familia real, mandándolo al extranjero o incluso despojándole de su título de rey emérito. 

Sin embargo, el Gobierno sí tiene amplio margen de acción y podría tomar la iniciativa si quisiera. Tal como informaba Público este domingo, el Ejecutivo puede retirar el tratamiento de rey emérito a Juan Carlos de Borbón con un decreto-ley. Este trato honorífico no es un título y le fue concedido a Juan Carlos I por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, pocos días después de su abdicación. Varios expertos en Derecho Constitucional han confirmado a Público que bastaría con revocar el Real Decreto 470/2014, de 13 de junio de 2014, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, para que Juan Carlos I perdiera su condición de rey emérito.

Pero de momento Moncloa guarda silencio sobre esa posibilidad. La estrategia pasa por esperar a lo que decida la Casa Real. En ese sentido, las declaraciones de los principales miembros del Gobierno no han pasado de meras sugerencias e insinuaciones. Desde Moncloa sostienen que quien tiene que tomar la decisión es el rey Felipe, como ya hiciera en su momento cuando decidió retirar los títulos a su hermana Cristina, salpicada por la corrupción de su marido Iñaki Urdangarin al frente del Instituo Noos. 

La prudencia  es la divisa, tal como quedó patente tras el último Consejo de ministros, celebrado la semana pasada: la ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguró entonces que el Gobierno celebra todas "las medidas pasadas y futuras" que Felipe VI pueda tomar para garantizar la "ejemplaridad" de la institución. "Cualquier avance que se pueda producir o no en esa materia le corresponde a la Casa Real", incidía Montero, apuntalando así la actitud del Gobierno.

Montero empleó palabras como "transparencia" y "rendición de cuentas", pero hasta ahora el Gobierno ha puesto más empeño en desligar la figura de Felipe VI de la de su padre que en tomar cartas en el asunto. En esa labor ha destacado especialmente la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien la semana pasada llegó a decir que "el pasado del rey emérito en nada afecta a la actividad de Felipe VI".

Desde que el escándalo saltó a los titulares, sólo ha habido una vez en la que algún miembro del Gobierno haya rebasado mínimamente los márgenes habituales de cualquier Ejecutivo cuando se trata de la monarquía. Fue precisamente el presidente Pedro Sánchez, quien el pasado 8 de julio se atrevió a calificar de "inquietantes" y "perturbadoras" las informaciones sobre la fortuna opaca del rey emérito. Sánchez celebró entonces que la propia Casa Real marcara "distancias". Pero desde entonces, y ya va para casi dos semanas, el Gobierno no se ha salido del guion previsto: apoyo incondicional a Felipe VI –pese a que éste mantuvo en secreto el asunto durante más de un año–, y una actitud pasiva. 

Las palabras de Sánchez fueron muy criticadas desde la derecha, que en estos últimos días se ha erigido en guardiana de las esencias y de la tradición, en una auténtica cancerbera de la monarquía. Pablo Casado ha cargado un día sí y otro también contra el Gobierno, pese al perfil bajo adoptado por Moncloa. El líder del PP considera "inquietante" lo que dice el Gobierno sobre la monarquía, sobre todo por la presencia de ministros de Podemos en el Ejecutivo. 

Unidas Podemos y sus ministros endurecen el discurso

Pero lo cierto es que hasta el pasado viernes Unidas Podemos también mantuvo un perfil bajo. Ese día la formación morada dio un paso al frente y comenzó a desmarcarse un tanto de la línea de Moncloa. El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró ante su Ejecutiva que las actividades supuestamente corruptas del rey Juan Carlos han desembocado en un debate creciente sobre la utilidad de la institución. Los ciudadanos, dijo el vicepresidente, "ya no están dispuestos a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción, ni la impunidad".

En la misma línea, la dirección de Podemos aboga por "llevar a cabo aportaciones en clave propositiva" y por abrir el debate sobre la monarquía "para avanzar hacia una democracia más fuerte".

Las palabras de Iglesias han supuesto un pistoletazo de salida para el resto de la dirigencia morada. Este mismo lunes, Irene Montero, ministra de Igualdad, afirmó que las presuntas irregularidades de Juan Carlos I hacen "muy difícil separar los casos, algunos presuntos y otros contrastados, de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte". Poco minutos después, era el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el que ha asegurado que hay que actuar con "inflexibilidad" en relación con Juan Carlos. Garzón también ha pedido abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre los presuntos negocios ocultos del rey emérito al apreciar "sospechas cuantiosas de corrupción".

Pero de momento la estrategia del Gobierno pergeñada desde Moncloa no pasa de las buenas palabras y las sugerencias. Prefiere mantenerse a la espera de una decisión del rey Felipe VI sobre su padre. Una decisión que todos dan por hecha y que todo el mundo espera que sea contundente y ejemplarizante, pero que no termina de llegar, quizás porque Juan Carlos I no está dispuesto a renunciar a su condición de rey emérito y su hijo prefiere, él también, esperar a a convencerlo antes de tomar una decisión más drástica.