El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, abonó el pasado mes de marzo indemnizaciones por vivienda a 38 altos cargos, entre los que se cuentan cinco consejeros, tanto de un partido como del otro -4 del PP, 1 de Cs-, según los datos que se pueden consultar en el portal de transparencia de la Junta. Ni el presidente, Juanma Moreno, ni el vicepresidente, Juan Marín, han cobrado estas ayudas.

El gasto en el mes de marzo por este concepto fue de 41.698,36 euros, lo que extrapolado al año -si todos los que hoy las cobran siguen haciéndolo de manera regular- le costaría a la Junta 500.380,32. euros. La indemnización más alta asciende a 1426,7 euros y la más baja de 167 euros. 

Estas ayudas, que se vienen pagando en Andalucía desde el año 2000, cuando el Gobierno de Manuel Chaves (PSOE) las implantó, las cobran los altos cargos que deben trasladarse a Sevilla de otras provincias o incluso de fuera de la Comunidad.
Durante años fueron uno de los caballos de batalla de la oposición del PP a los sucesivos ejecutivos del PSOE. Fueron los años en que se acuñó la expresión “casa gratis” para calificar las ayudas que, en ocasiones, durante las administraciones socialistas, llegaron a cobrar más de 50 altos cargos.

Cambio de criterio

Ahora que gobiernan, PP y Ciudadanos han cambiado de un plumazo de criterio. De criticarlas han pasado a defenderlas. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), a los pocos días de tomar posesión, tras un consejo de Gobierno en febrero dijo a la prensa: “No, en principio, no. No está previsto [eliminar las ayudas]. Pediré la máxima moderación, evidentemente. Pero las personas que se tengan que desplazar desde otras provincias que no sea Sevilla, creemos que eso se debe mantener”.

Y el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) dijo un día después que Bendodo: “Si esas ayudas están establecidas no hay que hablar más de ellas”. Luego agregó que censurarlas era hacer “demagogia”.

Este discurso contrasta con el que habían venido manteniendo PP y Ciudadanos en la oposición. Valgan tres ejemplos. En septiembre de 2017, el diputado de Ciudadanos, hoy portavoz parlamentario, Sergio Romero, manifestaba que las indemnizaciones por vivienda eran un “lastre para la clase política”.

En enero de 2015, la secretaria general del PP, Loles López, reclamaba su eliminación para financiar gasto social con ese dinero, unos 600.000 euros al año. 
Y el hoy presidente de la Junta, Juanma Moreno, también las criticó, con ironía, el 6 de septiembre de 2016. “Es prescindible la calidad en la educación o la sanidad, pero no es prescindible pagar la vivienda a los altos cargos o la maquinaria política que ha engrasado en torno a la Junta de Andalucía”.

Estas ayudas son severamente criticadas por Podemos, quien las tacha de “sobresueldos”. Este partido, hoy integrado en la coalición Adelante Andalucía, presentó una proposición no de ley al final de la pasada legislatura -que no se llegó a votar debido al adelanto electoral- en la que reclamaba la supresión de la indemnización por vivienda a cargos públicos y autoridades de Andalucía. Podemos considera que las ayudas para alojamiento son un privilegio o trato diferenciado sin justificar al suponer “un agravio comparativo con el resto de la ciudadanía y un derroche de recursos públicos".