La Fiscalía Anticorrupción ha elevado sus investigaciones sobre Juan Carlos I
a sus homólogos del Tribunal Supremo porque ve indicios de blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública que podrían implicar al rey emérito.

El supuesto cobro de una comisión de 100 millones de dólares se produjo en 2008, durante su reinado, por lo que es inimputable en un supuesto delito de cohecho en las transacciones internacionales. Pero la Fiscalía investiga al ahora rey emérito por el manejo de ese dinero a partir de 2014, desde su abdicación, a través de testaferros.

Las diligencias informativas abarcan también a los empresarios que pudieron participar en el abono de esta comisión millonaria, que ellos sí podrían ser acusados de corrupción en  las transacciones internacionales.

Las diligencias a practicar ahora afectan "directamente" al padre del rey Felipe VI, de ahí la remisión al Supremo donde está aforado. Delimitarán la participación o no de Juan Carlos I en el manejo del dinero de comisiones desde su abdicación en 2014, momento en que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. A partir de entonces está aforado en el Tribunal Supremo.

La investigación se centra en hechos ocurridos en la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado "AVE del desierto" que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

La Fase II se asignó al consorcio Al Shoula Group compuesto en un 88% por empresas españolas (ADIF, Renfe Operadora, INECO, Talgo, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Inabensa- Abengoa, Imathia, Indra y OHL) junto a dos saudíes (Al Shoula Group y la constructora Al Rosan Contracting).​

El decreto del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha sido dado aún a conocer, y las investigaciones permanecen secretas. El decreto ocupa 20 páginas, según la Ser.

Las revelaciones de la amiga del rey

El caso arrancó en España con unos audios donde la amiga especial de Juan Carlos I, Corinna Larsen -antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein-, revela que el rey consiguió una comisión por su papel de intermediario al conseguir que el consorcio de empresas españolas ganara el contrato de más de 6.300 millones para la construcción de la línea férrea a La Meca.

Larsen realizó estas revelaciones en 2015 al excomisario José Manuel Villarejo -entonces en activo-, y en ellas acusaba a Juan Carlos de Borbón de tener dinero en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, titular allí de otra fundación, Zagatka.

Sumar la investigación suiza

La investigación fue abierta por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en diciembre de 2018. Se está a la espera de añadir a estas diligencias las pesquisas realizadas en Suiza entorno a Juan Carlos I ya que el rey emérito no puede ser juzgado allí.

El fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, investiga los movimientos de la Fundación Lucum, de las que el rey emérito es el primer beneficiario. Entre ellos está el depósito en el banco Mirabaud de 100 millones de dólares en una cuenta de dicha fundación panameña en 2008. Este dinero -uno 65 millones de euros de entonces- correspondería a "una donación" del entonces rey de Arabia Saudí Abdullah bin Abdulaziz Al Saud.

Las pesquisas del fiscal Bertossa abarcan además a Arturo Fasana -abogado de de Juan Carlos I y también de Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel-, así como el también letrado Dante Canónica -experto en sociedades 'off shore'-, Corinna Larsen y el propio banco Mirabaud.

Arturo Fasana ha declarado al fiscal Bertossa que Juan Carlos I le entregó en Ginebra, en 2010, 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros) que había recibido como donación del rey de Bahréin, según ha revelado El País. Fasana depositó el dinero en la cuenta de Mirabaud de la Fundación Lucum.

El pasado 15 de marzo, Felipe VI anunció su intención de renunciar a la herencia de su padre después de conocer que era beneficiario de la Fundación Lucum. La casa real realizó el anunció al día siguiente de declararse el estado de alarma y el confinamiento por la covid-19 y recurrió a una argucia: deslizaron la idea de que renunciaba a la herencia de su padre cuando el Código Civil prohibe expresamente renunciar a una herencia si antes no hay un fallecimiento.

La remisión del caso de Anticorrupción a los fiscales del Supremo fue aprobada el pasado 5 de junio por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

El equipo que investigará al rey emérito está dirigido Juan Ignacio Campos Campos, fiscal de Sala del Supremo y especialista en delitos económicos. Campos estará auxiliado por tres fiscales del Supremo, "que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación", sostiene el ministerio público en una nota de prensa.