La Fiscalía ha rebajado en 336.143,34 euros la demanda contra 34 excargos de la Generalitat de Catalunya, incluidos el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, que lleva el Tribunal de Cuentas. De reclamar 3,4 millones de euros de forma conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del procés, ahora reclama 3,1 millones.

La rebaja de 336.143,34 euros responde a que el Ministerio Público ha desistido de reclamar el importe correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña Civisme. Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce también la acusación en este procedimiento, se ha adherido al movimiento del Ministerio Público y también ha rebajado su demanda en dicho importe, por lo que quedaría poco menos de cinco millones de euros.

Tras dicho cambio, Jaume Mestre, quien fuera responsable de difusión de la Generalitat, se ha visto apartado del procedimiento toda vez que se ha declarado el sobreseimiento parcial para él porque solo se le atribuía la irregularidad relativa a la campaña de Civisme a la que han renunciado la Fiscalía y SCC.

En este sentido, la Fiscalía modifica la demanda que presentó el pasado abril contra 35 ex cargos del Govern. En su demanda inicial, la Fiscalía ya había rebajado las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el Tribunal de Cuentas a 3,4 millones de euros: 2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Ahora, tras la rebaja anunciada este viernes, el importe reclamado quedaría en 3,1 millones.

Por su parte, Sociedad Civil Catalana presentó demanda contra 11 ex altos cargos del Govern, entre los que se incluyen Junqueras, Puigdemont y el también ex presidente catalán Artur Mas, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. En su caso, les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable, cifra que ahora se ve disminuida tras reducir en 336.143,34 euros su demanda.

Inicialmente, el Tribunal de Cuentas fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Catalunya a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.

Puigdemont comparecerá como testigo

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont comparecerá como testigo ante el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el 'procés'. No se ha especificado la forma en la que declarará.

En la audiencia previa celebrada este viernes, la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, ha acordado la testifical de Puigdemont, aunque no a petición de la defensa del dirigente –a cargo de Gonzalo Boye–, sino de otra de las partes como elemento de prueba de cara al juicio.

Fuentes del órgano fiscalizador han precisado que la normativa del tribunal no permite a la consejera acceder a que un abogado llame a declarar a su defendido. En este caso, como otra de las partes ha pedido la comparecencia de Puigdemont, la consejera ha aceptado que éste declare. Así, el expresidente catalán declarará en calidad de testigo y no de demandado.

Por su parte, la consejera ha rechazado la solicitud de que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparezca en el juicio. El abogado de Puigdemont ha pedido su citación toda vez que "certificó la corrección de las cuentas públicas". La consejera ha dicho que "no es pertinente ni necesaria".

Al margen, se ha pronunciado sobre otras peticiones de prueba. Ha accedido a preguntar a la Generalitat de Catalunya si se abonaron una serie de facturas para acreditar la "inexistencia de daño" que alegan las defensas.