El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado este lunes la interposición de sendas querellas por los delitos de rebelion, sedición y malversación, entre otros, contra Carles Puigdemont (president del Govern cesado este viernes), su equipo de Gobierno y la Mesa del Parlament disuelto en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, respectivamente.

Las querellas  solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su "inmediata detención". El fiscal, que pide la citación para valorar la adopción de medidas cautelares contra la veintena de querellados (entre los que están todos los exmiembros del Govern y seis miembros la Mesa del Parlament), solicita para todos ellos una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para hacer frente al gasto público causado en el delito de malversación de caudales

La Fiscalía entiende que todos ellos cometieron un delito de rebelión, que comenzó a fraguarse en 2015. "El proceso independentista ha estado perfectamente planificado desde la aprobación de la Resolución 1/XI [del proces], no siendo los sucesivos y plurales actos de desobediencia a los autos y sentencias del TC sino concreciones de lo que ya se declaraba en la misma: el no sometimiento de las instituciones políticas catalanas dominadas por sectores independentistas a la jurisdicción del TC y, por tanto, la no sujeción a la Constitución”.

La Fiscalía destaca que el delito de rebelión incluye "las invitaciones que hayan podido realizarse a determinados mandos de los Mossos d'Esquadra para facilitar la realización del referéndum, con independencia de que los mismos hayan o no aceptado la proposición".

La querella incluye también el delito de sedición, como subsidiario al de rebelión, en caso de que los jueces entiendan que la violencia no colma el vaso para juzgar por rebelión a los líderes independentistas: "La afinidad entre el delito de rebelión y el de sedición se observa igualmente en el carácter público del alzamiento si bien aquél requiere violencia, y éste que sea tumultuario”, lo que en principio equivale a que el alzamiento sea caótico, anárquico, inorgánico y desordenado.

La Fiscalía sostiene que la rebelión se consumó desde el momento en que se aprobó la convocatoria del referéndum independentista y que se culmina con la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.

El delito de rebelión está fundamentado en la necesidad de proteger los cimientos del Estado de Derecho. “Estos cimientos –explica el ministerio público- han sido dinamitados por los querellados que, con sus actos, realizados con absoluto desprecio a la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, han determinado la proclamación de independencia de una parte de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. EFE/ Ballesteros

El delito de rebelión condena hasta con 30 años de cárcel a quienes se alcen violenta y públicamente. Y la querella expone que esta violencia “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas” que son agravantes de este delito.

Para ello, cita como jurisprudencia la sentencia del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, donde el Tribunal Supremo analiza la rebelión del derogado Código de Justicia Militar y llegó a estimar que la rebelión se puede llevar a cabo “de modo incruento” [que no produce derramamiento de sangre].

La Fiscalía cita expresamente la sentencia del Supremo del 22 de abril de 1983 respecto al golpe del 23-F para justificar que lo que “se proyecta y conviene como incruento, se torna violento y belicoso tan pronto se ofrece resistencia u oposición a los planes de los rebeldes, los cuales nunca pueden aseverar -dado que el futuro no se puede predecir por los humanos- que su alzamiento, con toda seguridad, será incruento, sin víctimas y sin derramamiento de sangre”.

Las querellas detallan la violencia registrada durante el 1-O y explica que los “momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.

También describe los sucesos de Barcelona del 20 y 21 de septiembre, cuando 40.000 personas bloquearon la consejería de Economía mientras se practicaba un registro judicial.

El fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza, en su comparecencia para anunciar las querellas contra el Govern y la mesa del Parlament. REUTERS/Susana Vera

“Las movilizaciones y las concentraciones tumultuarias desarrolladas en oposición a las órdenes de las autoridades judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes de la autoridad cumplir con sus funciones –dice la Fiscalía-, los actos de acoso en forma de escraches a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en sus lugares de trabajo y de descanso, ejemplifican cómo por parte de los querellados no se buscaba simplemente contar con el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad constitucional, lo cual no sería objeto de reproche alguno, sino de llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista”.

La actitud “de abierta oposición contra el orden legal y constitucional de una multitud de personas movilizadas” creó “una fuerza intimidatoria”.

La declaración de independencia “impulsada por los querellados lleva ontológicamente anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española” en Catalunya.

Esta conclusión implícita fue explicitada por Joaquim Forn, el entonces conseller de Interior y máximo responsable de esta fuerza policial. En declaraciones a un medio de comunicación, el pasado 11 de octubre de 2017 a preguntas sobre si podría producirse un enfrentamiento entre Mossos y Policía Nacional y Guardia Civil manifestó que “si hi ha bona voluntat i s’accepta la nova realitat política, no hi haurà cap col-lisió entre policies”.