La Fiscalía en Catalunya se ha querellado contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, sus consejeros, así como contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la cámara por la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional dejó este jueves en suspenso de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno.

Las dos querellas se ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), que es el órgano donde  estos políticos están aforados. Se presentan por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Este último delito conlleva penas de cárcel. Y la querella contra Puigdemont y sus consejero sostiene que "el Govern no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum conlleva el uso ilegal de fondos públicos".

El delito de malversación "ha iniciado su ejecución, pues se ha puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público, estando orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional, y por consiguiente, ontológicamente ajenas a la función pública".

Para la Fiscalía, se ha creado una "pura vía de hecho" a partir de una iniciativa de "imposible encaje" en las competencias del Parlament y el Govern, en la ordenación territorial del Estado y de los procedimientos de reforma constitucional y del Estatut catalán.

En la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que aprobaron la tramitación del 1-O, la Fiscalía pide que se interrogue como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro i Bas y al Letrado Mayor de la Cámara, Antoni Bayona i Rocamora.

Ambos entregaron un documento al Parlament en el que alertaban de la infracción constitucional que se iba a cometer si se tramitaba la ley del referéndum. Además, la proposición de ley fue publicada en el Boletín Oficial de la cámara, a pesar de la expresa prohibición del secretario general del Parlament y sin su firma.
La Fiscalía pide que se interrogue también como testigos al vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra (de Ciudadanos) y al secretario segundo David Pérez Ibáñez  (del PSC).

La querella se dirige contra Forcadell, Lluís Guinó i Subirós, Anna Simó i Castelló, Joan Josep Nuet i Pujals y Ramona Barrufet y Santacana.

La Fiscalía considera que se ha tramitado la ley del 1-O y se ha convocado por el Govern, cuando de forma notoria se sabe que el referéndum "es, no ya contrario al ordenamiento jurídico, sino que vulnera frontal, abierta y groseramente los mandatos del Tribunal Constitucional, evidenciando de nuevo la pertinaz, inequívoca e irreversible voluntad del Gobierno y de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y la CUP de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma y de los pronunciamientos del TC".

Y añade que en las resoluciones del máximo tribunal de garantías ya que contempla que las convocatorias de consultas soberanistas no son una infracción constitucional fruto de un entendimiento equivocado: "Es resultado, más bien, de un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se reclama depositario de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde los que se han llevado a cabo una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional".

TSJC admite a trámite querella contra Govern

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordó este viernes por la tarde admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el Govern y ha acordado acumularla al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs.

En un comunicado, el TSJC precisó que la querella contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de miembros de Govern por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación queda en manos de la magistrada Mercedes Armas, que instruía ya la querella contra Borràs.

El pasado 16 de mayo la Fiscalía se querelló contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación al apreciar una "voluntad rebelde" para iniciar el proceso de compra de urnas para el referéndum.

Por otra parte, también esta tarde la sala de admisiones de la Sala Civil y Penal del TSJC ha acordado admitir la querella presentada por la fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. 

Asimismo, el TSJC decidió, además, que esta querella se acumule al procedimiento abierto contra la presidenta del Parlament y varios miembros de la Mesa, que instruía la magistrada Maria Eugènia Alegret.

La Sala de Admisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se reunió el viernes por la tarde de urgencia después de recibir a mediodía las querellas presentadas por la Fiscalía.

NEste viernes también el TSJC llevó a cabo las notificaciones personales de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) respecto al referéndum soberanista en Catalunya a varios mandos de los Mossos d'Esquadra, entre ellos el mayor Josep Lluís Trapero.

Según informó el TSJC en un comunicado, ha iniciado el proceso de notificación atendiendo a la petición en tal sentido emitida por el Tribunal Constitucional y en concreto se han llevado a cabo las "notificaciones personales" al mayor de los Mossos d'Esquadra y a tres comisarios de este cuerpo policial.