La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este jueves la prohibición de los actos previstos el sábado en Altsasu (Navarra) dentro del denominado Ospa Eguna contra la Guardia Civil, al entender que podrían ser constitutivos de un delito enmarcado en los de terrorismo y otro de odio.

Según han informado fuentes fiscales, el ministerio público ha adoptado esta decisión a raíz de la petición de la Asociación de Profesionales de la Guardia Civil (JUCIL), que solicitó esta medida a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Ha sido la Fiscalía quien ha dirigido su solicitud de prohibición al juzgado de guardia esta semana en la Audiencia Nacional al considerar que los hechos podrían enmarcarse en alguno de los delitos de terrorismo, como el enaltecimiento, competencia de este tribunal. Además, también ve el delito de odio.

La asociación del instituto armado entiende que la "única finalidad" de los actos que, como en años anteriores, se han convocado para este 31 de agosto es "la humillación, el acoso y el fomento del odio" a los miembros del cuerpo.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ya presentó la pasada semana una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que solicitaba al Gobierno que valore si son un delito de odio los actos de la jornada conocida como Día de la expulsión, organizada por la izquierda abertzale.

"Ningún Gobierno lo ha prohibido"

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite,  ha denunciado la "instrumentalización política" de una jornada que "ningún Gobierno ha prohibido".

Chivite ha incidido en que "el Ospa Eguna se lleva celebrando desde el año 2010, por lo tanto ha coincidido con siete años de Gobierno del PP en España y también durante cinco años de Gobiernos de UPN". "Lo que estoy denunciando de nuevo es la instrumentalización de esta cuestiones que no son nuevas", ha señalado.

Además, ha afirmado que no comparte "ni en el espíritu ni los fines" del Ospa Eguna, pero ha precisado que "la democracia no puede prohibir un acto porque un colectivo o una asociación concreta estima que los participantes podrían cometer un delito".

La jefa del Ejecutivo foral ha señalado que "el Gobierno tiene muy clara su posición, y es que reconoce la labor que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han desarrollado, desarrollan y desarrollarán en nuestra Comunidad".