La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell. 

Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el denominado 'procés', la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y un de organización criminal por el que fue procesado.

En su escrito de calificaciones provisionales, presentado este viernes ante el Tribunal Supremo y firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, a lo que le añade un delito de malversación de caudales públicos.

En el caso de Junqueras, la petición de prisión se ve acompañada por otra de 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público. Precisamente, este viernes se cumple justo un año desde la entrada en prisión de Junqueras, el exconseller de Interior, Joaquim Forn y otros, el 2 de noviembre de 2017.

Un escalón por debajo están los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes solicita 16 años por rebelión, uno menos que los anteriores por no atribuirles ese papel de jefes de la rebelión, a lo que suma 16 años de inhabilitación absoluta. A estos cinco exmiembros del Govern, junto a Junqueras, les acusa de un delito de rebelión que absorbe la "distracción ilegal de caudales públicos", es decir el delito de malversación.

En un tercer escalón están el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión —y otros 17 de inhabilitación absoluta—, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también jefes o promotores, aunque al estar fuera del Govern, no les acusa de malversación. 

La Fiscalía establece un cuarto nivel de responsabilidad: los exconsellers a los que la Fiscalía deja fuera de la rebelión pero a los que sí acusa de malversación de caudales públicos y desobediencia (Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila). La petición de pena para ellos es de siete años, pero se reduciría si antes del juicio devuelven el dinero supuestamente desviado a fines ilícitos.

Por último, para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" —Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet— solicita 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, misma pena que plantea para la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya.

Los cuatro fiscales señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis "en unión de otros procesados huidos", en alusión al expresident Carles Puigdemont.

Los dos escritos de conclusiones provisionales por los que la Fiscalía solicita condenas por rebelión para la cupula del procés incide en que, con su actuación, todos ellos pretendían orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, con el fin último de declarar la independencia y "obligar al Estado a aceptar la separación" de este territorio.

"Finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional", incide el Ministerio Público.