La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado entre 8 y 27 años de cárcel por terrorismo para doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que, supuestamente, planeó sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Catalunya en 2019.

El Ministerio Público ha remitido ya su escrito de conclusiones provisionales en esta causa, en la que acusa a ocho de los investigados de un delito de pertenencia a organización terrorista, otro de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, y un tercero de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.

Para esos ocho investigados pide las penas más altas, 27 años de prisión, mientras que para los otros cuatro solicita ocho años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, en el marco de una investigación que podría encuadrar en la futura ley de amnistía, que se encuentra en trámite parlamentario.

Para todos los acusados la Fiscalía pide las accesorias legales y además penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior en diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

Cabe recordar que la ley de amnistía explica que quedan excluidos de la misma únicamente "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme", por lo que los 12 CDR podrían acogerse a la misma.

Surgimiento de los CDR

En su escrito, el fiscal relata que "como consecuencia del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 (1-O), en el seno de la sociedad catalana, con aspiraciones independentistas, se generaron unas expectativas en relación con la consecución de la secesión de Catalunya respecto al Estado español y la constitución de una república catalana".

"A las clásicas organizaciones de corte independentista, se unió un nuevo actor que se autodenominó CDR. La actividad del CDR aportó gran dinamismo a la movilización callejera, siendo clave para la planificación y ejecución de acciones simples (pintadas) y complejas (huelgas generales, cortes de país, etc.)", detalla.

Tras el 1-O, "pasados los días y, tras observar que no se implementaba el mandato del pueblo", consistente en "constituir Catalunya en una república independiente del Estado español, el CDR, que aglutinaba a los militantes independentistas más dinámicos y activos, organizó numerosos actos y acciones de muy diverso corte por toda la geografía catalana, llegando alguna de las acciones del CDR a tener carácter delictivo, existiendo abundantes diligencias penales contra militantes del CDR que habían participado en acciones y actividades ilegales".

El fiscal continúa señalando que, "aunque inicialmente la razón de la creación de los CDR era asegurar la celebración del referéndum, en realidad dichos grupos o estructuras fueron concebidos con una finalidad que pretendía una existencia más allá de la citada fecha, lo que suponía adopción de la idea original de Poble Lliure".