MADRID.- La Fiscalía de Madrid ha solicitado 64 años de prisión para el empresario del acero José María Aristrain de la Cruz por quince supuestos delitos fiscales en los que habría defraudado a Hacienda 211 millones de euros entre los años 2005 y 2008, lo que supondría la mayor defraudación descubierta hasta ahora por Hacienda por delante de la cometida por la familia Carceller (Damm) que se saldó con una condena de conformidad con multa de 93 millones de euros.

El escrito del ministerio público ha sido presentado en el juzgado de instrucción 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que investiga al industrial cuando mudó su residencia fiscal a Suiza en 2006. El juicio contra el principal accionista privado de Arceloermittal se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid.

Aparentaba vivir en Suiza "trapaceramente"

En total, la Fiscalía imputa a Aristrain quince delitos de elusión tributaria y le reclama el pago en concepto de responsabilidad civil de 210.980.706,23 euros. Además, pide que se le imponga una multa cercana los 1.190 millones de euros.

La Fiscalía considera que Aristrain realizó un “montaje puramente artificial” para deslocalizar su domicilio fiscal para así no tributar por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), Impuesto sobre el Patrimonio ni el de Sociedades. “Todo ello a pesar de que en el periodo comprendido entre el año 2.005 y el año 2.009 residía en territorio español, donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes”, expone el escrito elevado al juzgado.

El escrito expone que Aristrain tenía un chalet en Suiza por medio de una sociedad de las Islas Vírgenes, participada por una sociedad maltesa, "en el que trapaceramente el acusado fingía tener su domicilio". Tampoco declaró su superyate de recreo My Steel (Mi Acero) , ni los coches de lujo de su colección particular así como otros gastos personales.

Imagen del superyate 'My Steel' que se alquila por 130.000 euros en temporada alta y cuyo armador es José María Aristrain, según la Fiscalía. Foto: Intercharter.

El escrito del fiscal ancla el origen de la defraudación en el año 1998, cuando Aristrain de la Cruz ordenó la constitución en Holanda de la sociedad Corporación JMAC. B.V. para acogerse “artificiosamente” y de forma “abusiva” al “muy beneficioso” tratamiento fiscal que rige en dicho país para una sociedad patrimonial de tenencia de participaciones “mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos por las sociedades participadas y las plusvalías obtenidas por las ventas de dichas participaciones”.

Cuando cesó ese ventajoso tratamiento fiscal, Aristrain trasladó su gestión a Luxemburgo donde quedó constituida de la siguiente forma: el 100% era participada por la sociedad española Corporación J.M. Aristrain, que a su vez era poseída al 69,17% por José María Aristrain y el 30,83% por la Fundación Navarra Aristrain de la Cruz.

En realidad, según el fiscal, se trataba de una “falaz apariencia” puesto que el control y la dirección efectiva de la Corporación estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde el empresario guipuzcoano posee un chalet.

De esta forma, siempre según el relato del fiscal, logró que sus empresas dedicadas a la industria del acero en España no tributaran al erario público por el impuesto de sociedades ni tampoco en Luxemburgo porque allí estaban exentas.

Con el mismo afán de eludir el pago de impuesto, en 2005 liquidó la sociedad Tenmat S.L. controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de forma “artificial” su titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC, B.V., “deslocalizando con ello la plusvalía obtenido que no tributó ni en España ni en Luxemburgo. Con ello causó un perjuicio a Hacienda de más de 130 millones de euros.
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Parte de los beneficios obtenidos por la corporación JMAC, B.V. eran reintroducidos en España y la otra parte desviados a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales. Por ejemplo, una sociedad de Aristrain llamada International Restoration Cars Limited, domiciliada en Islas Vírgenes y que era utilizada por la corporación JMAC, B.V. para desviar fondos a través de otra sociedad maltesa llamada Wasp Limited, corrió con los gastos y mantenimiento del chalet en Gstaad (Suiza), el yate y la colección de coches.
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Con el mismo objetivo de eludir el pago de impuestos, en 2005 “simuló” haber trasladado su domicilio social a Suiza, lo que originó un perjuicio a la Hacienda Pública de más de siete millones de euros por el IRPF y de casi tres millones por el impuesto de Patrimonio.