La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 40 años y medio de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y Caixabank en el denominado proyecto Wine, en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal solicita además una pena de 32 años y medio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, 28 años para el responsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el ex responsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño. Señala que tanto Repsol como Caixabank y la Administración del Estado deben ser condenados como responsables civiles subsidiarios.

La Fiscalía atribuye los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares y falsedad en documento mercantil. 

Se trata del proyecto Wine, que investiga la presunta contratación, en 2011 y 2012, de empresas de Villarejo para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex.

Según sostiene Anticorrupción, a cuenta de los servicios prestados correspondientes al proyecto Wine, el Grupo Cenyt, cuyo titular real era el encausado José Manuel Villarejo Pérez, por medio del encausado Rafael Redondo Rodríguez, emitió a sus clientes de Repsol y CaixaBank tres facturas, por un importe total de 389.400 euros, que Repsol y CaixaBank pagaron a partes iguales.

Más tarde, en 2014, Repsol acudió en solitario, "sin el concurso de CaixaBank", a contactar con Villarejo, "con pleno conocimiento de que se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía", para la realización de un nuevo encargo, sobre un consejero de la petrolera que se había ausentado de una sesión de la comisión de estrategia para asistir a un partido de fútbol.

Por estos servicios, Villarejo emitió una factura de 24.000 euros en concepto de "servicio de información y análisis de seguridad", abonada por Repsol mediante la correspondiente transferencia bancaria.

El Ministerio Público considera que los acusados deberán indemnizar a Rodrigo Álvarez y Fernando Ramírez con 8.000 euros, cantidades a las que deberían hacer frente de forma subsidiaria Repsol, CaixaBank y la administración; asimismo, insta a decomisar los 389.400 euros abonados por Repsol y CaixaBank por la ejecución del proyecto, y los 24.000 abonados por Repsol en 2014.

El pasado 31 de enero la sala de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa que investigaba la relación entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau; al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y a las dos cotizadas como personas jurídicas, al entender que los máximos responsables de las empresas no tuvieron ningún contacto con Cenyt, empresa vinculada al comisario retirado.