Si alguien pensaba que la Fiscalía iba a moverse un ápice y a suavizar mínimamente sus posiciones en el marco del juicio a la cúpula del procés, este martes habrá visto esta idea estrellarse contra un muro. El fiscal Javier Zaragoza ha asegurado ante el Tribunal Supremo que lo ocurrido en Catalunya "entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado", "la sustitución de un orden jurídico por otro por métodos ilegales". 

Zaragoza, que ha expuesto la primera parte del informe final de la Fiscalía tras casi cuatro meses de juicio, ha asegurado que los procesados pretendían "derogar y suspender la Constitución y proclamar la independencia de una parte del territorio nacional". Su tesis es la que ya expuso en su escrito de acusación provisional, si bien hoy ha afilado el lenguaje y ha comprado la definición del procés como "un golpe de Estado", rebatiendo incluso las conclusiones de la Abogacía del Estado, que acusa de un supuesto delito de sedición. "No puede ser una sedición, un crimen contra el orden público. Esto fue un ataque contra el orden constitucional", incidía.

A su vez, el fiscal ha negado que los procesados sean "presos políticos", y les ha acusado de "intentar liquidar la Constitución Española de 1978", de hacerlo usando "métodos coactivos", "utilizando la violencia". Según Zaragoza, hubo violencia, y esta se empleó "como instrumento para favorecer la independencia". El tipo delictivo de rebelión, apuntaba, "no necesita ni violencia grave ni violencia armada": "No hacen falta armas ni militares". "Ha sido la crónica de un alzamiento anunciado".

También ha justificado las cargas policiales para impedir el referéndum del 1 de Octubre de 2017 -"El uso de la fuerza necesaria es legítimo cuando no existen otros medios"-, y ha asegurado que los procesados incumplieron y desobedecieron "reiteradamente las resoluciones judiciales". 

"Han quebrantado las leyes de la convivencia, han roto el orden constitucional. Han enfrentado a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, han obstaculizado gravemente las actuaciones judiciales, han destinado fondos públicos para financiar actividades ilícitas", zanjaba. 

La semana pasada, la Fiscalía ya avanzó que elevaba a definitivo su escrito de acusación provisional, por lo que mantiene las mismas peticiones de cárcel para los procesados. Del mismo modo actúan la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por el partido ultraderechista Vox, que tomarán la palabra en la sesión de tarde. 

Junqueras, "el motor principal de la rebelión"

Como recoge en su escrito de acusación, Zaragoza ha repetido que hubo "tres pilares" en los que se sustentó la estrategia hacia la independencia: El Govern -"Maquinista principal"-, el Parlament y las organizaciones sociales, fundamentalmente la ANC y Òmnium Cultural.  "Hubo un concierto entre la Generalitat, el Parlament y los actores sociales", afirmaba.

En este "concierto para delinquir", el fiscal describía al exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, como "el motor principal de la rebelión". "Es quien ha venido empujando desde hace mucho tiempo para que esta situación se produjera", incidía. 

Reprochaba a Junqueras que desoyera hasta "ocho" advertencias del Tribunal Constitucional, e incidía en su "responsabilidad y liderazgo" en el procés.  Junqueras y el resto del Govern, así como la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, desobedecieron "todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Constitucional", sostenía.

En este punto, Zaragoza disparaba también contra el exconseller de Interior, Joaquim Forn: le reprochaba haber mostrado "una actitud delictiva desde el principio hasta el final",  y repasaba las reuniones en las que la cúpula de los Mossos advirtió al president Carles Puigdemont, a Junqueras y a Forn, de los altos riesgos de que hubiera episodios de violencia el 1-O. 

El fiscal afirmaba que en este periodo Catalunya vivió "en un Estado de excepción de facto", siempre con la colaboración de los Mossos d'Esquadra para con la hoja de ruta independentista, si bien intentaron disimularlo: "Todo el diseño de los Mossos para el 1-O fue un montaje", añadía, pese a que el operativo de la policía catalana fue avalado por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al mando de la actuación de todos los cuerpos policiales para frustrar el referéndum. 

Y, en lo que respecta a la "movilización popular" impulsada por la ANC y Òmnium Cultural, Zaragoza ha asegurado que esta sirvió como una más de las "armas" usadas "para empujar el desarrollo de todo el proceso". Sus líderes, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, tuvieron "una participación importante como dinamizadores" de esta movilización, para permitir las votaciones y para "impedir la actuación" de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O.  A ellos se ha referido irónicamente como "los reyes y señores del orden cívico de Barcelona".

Tras una exposición de algo más de una hora, Zaragoza cedía la palabra al fiscal Jaime Moreno, y se despedía con un alegato dirigido directamente a los 12 procesados: "No les pido que renuncien a sus convicciones. Tienen todo el derecho a defender sus ideales. Esto es una democracia. Pero no los pueden imponer por métodos ilegales".

"Sin violencia física no habría sido posible"

Por su parte, el fiscal Moreno ha centrado su intervención en desgranar los elementos que, a su juicio, prueban que hubo violencia en el procés, la violencia "suficiente" para cumplir los objetivos de los procesados. "Sin violencia física no hubiera sido posible trazar los caminos necesarios para esa hoja de ruta". "[Los acusados] Sabían que habría enfrentamientos y llamaron a la ciudadanía a enfrentarse", resumía. Como ejemplo de estos llamamientos a "enfrentarse" se refería a varias declaraciones y tuits llamando a la participación en el referéndum, incluso aquellos que explícitamente mencionaban el carácter pacífico de las reivindicaciones independentistas. 

Así, el fiscal se ha referido a "tres momentos" de violencia "necesaria": "La necesidad de ruzar el rubicón del referéndum [1 de Octubre]"; la necesidad "de evitar la investigación de un juez que había tocado la médula de la organización del referéndum [la protesta del 20-S]", y la importancia de "hostigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", esto es: los escraches a policías y guardias civiles enviados para frustrar el referéndum. 

"Catalunya se convirtió en un polvorín y el clima fue insurreccional", sintetizaba el representante del Ministerio Público. Además, Moreno incidía en que la Generalitat ya tenía "policía, fuerza coactiva, capacidad legislativa y de gasto", y por tanto no requería "tomar centros de poder", ya que los controlaba todos. 

Y, sobre los ejemplos concretos de violencia, el fiscal aseguraba que el cómputo de civiles y policías heridos el 1-O no debería "deslindarse", como de forma "inteligente" han pretendido las defensas, y que el total de 1.093 heridos el 1-O (1.000 eran civiles) son atribuibles a la actuación del Govern. "Hubo intimidación", "insultos", "amenazas". "Nos han contado patadas en la cabeza, en los testículos, facturas, puñetazos...", apostillaba.

El dardo del fiscal Moreno al Gobierno de Rajoy

Por otro lado, el fiscal Moreno no ha dejado pasar la ocasión de lanzar un dardo al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Lo hacía cuando comparaba el 1-O con la consulta soberanista del 9 de Noviembre de 2014. En este punto, argumentaba que, "a diferencia del 9-N", "el Estado intervino [el 1-O], fundamentalmente a través del poder judicial", espetaba, reprochando así la falta de actuación política. 

Esta respuesta política llegó tras la declaración unilateral de independencia (DUI) -"Simbólica", según los acusados-, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por primera vez en la historia. 

"El Govern actuó como una organización criminal"

La tercera fiscal en intervenir, Consuelo Madrigal, ha acusado al Govern de actuar como una "organización criminal" para costear los gastos del referéndum del 1-O, con sus correspondientes "maniobras para encubrir delitos".

Madrigal, que ha corrido con la exposición del supuesto delito de malversación -que el Ministerio Público estima en 3 millones de euros- ha afirmado que todos los consellers llevaron a cabo "un ejercicio abusivo de funciones públicas para ejecutar el referéndum, ignorando de paso las "reiteradas" advertencias del Constitucional.

Según Madrigal, la emisión de facturas negativas por parte de empresarios que efectuaron o aceptaron efectuar trabajos para el 1-O, no supone una renuncia a cobrar estos trabajos, y por tanto el prejuicio a las arcas públicas se daría, aunque no se hubiesen llegado a abonar estos importes.