La incautación de los móviles de dos periodistas en Baleares, hace algo más de una semana, ha levantado ampollas, pero la Fiscalía Anticorrupción intenta ahora justificar estas diligencias de investigación, que en su día ya fueron respaldadas por la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Tras el revuelo generado al ser requisados los teléfonos de dos informadores, cuyo secreto profesional aparece recogido en el artículo 20 de la Constitución, Anticorrupción ha remitido un comunicado este miércoles en el que afirma que con esta actuación no se pretendía "descubrir" las fuentes de los periodistas, que "ya eran conocidas por otras vías de investigación", sino que el objetivo era garantizar su preservación como pruebas.

“El aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito, según autoriza el artículo 588 bis a) 4 de la Ley de Enjuiciamiento criminal” es, según el texto, lo que perseguía la actuación de la Policía Nacional, que operaba en el marco de la investigación judicial del caso Cursach.

De hecho, el Ministerio Público desvincula de esta incautación la detención, el martes, de dos agentes de Policía, también bajo el paraguas de la misma causa. 

“Dichas detenciones se han llevado a cabo con carácter previo a la eventual apertura de los teléfonos y dispositivos intervenidos”, reza el comunicado.

Así, también reconoce reconoce que los terminales, cuya incautación ha generado varias protestas de informadores y partidos políticos por todo el territorio nacional, ni siquiera han sido examinados, y permanecen bajo custodia judicial”. De ser "necesario" analizarlos, asegura el texto, sus propietarios deberán ser notificados previamente.

Admitida la querella por prevaricación contra el juez

La incautación tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, y la investigación aún sigue bajo secreto. Agentes de la Policía Nacional se personaron en la delegación balear de Europa Press;  requisaron un teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos, e hicieron lo propio con el móvil personal de otro periodista, en este caso un trabajador del Diario de Mallorca. 

En respuesta, los dos medios de comunicación y ambos periodistas han presentado una querella contra el juez que ordenó esta incautación, Miguel Florit, que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya ha decidido admitir a trámite. En su tejado está hoy discernir si el instructor ha incurrido en un delito de prevaricación al ordenar estas diligencias.