MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los hechos que motivaron las "dudas sobre la imparcialidad" de los jueces de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López como miembros del tribunal que juzgará el 'caso Gürtel', por su "relación con el Partido Popular", han quedado "debidamente acreditados" en el transcurso de sus respectivos incidentes de recusación.

En dos escritos, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás piden a la Sala de lo Penal que analice si los magistrados cumplen "los cánones de apariencia de imparcialidad" que exige la ley y si ésta se puede ver afectada por sus "vínculos" con la formación presidida por Mariano Rajoy.

En el caso de López, las fiscales sostienen que la relación del magistrado con el PP incluye, "más allá" de su vinculación con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), "la legítima y reglada, pero al mismo tiempo decisiva, intervención" de esta fuerza política y de algunos de sus miembros, "hoy acusados, imputados y partícipes lucrativos", en su propuesta y nombramiento para ocupar "algunos de los más altos y reconocidos cargos en el Poder Judicial".
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Sobre Espejel destacan que su "apariencia de imparcialidad" se ve afectada por el hecho de que será la presidenta de "un tribunal compuesto únicamente por tres magistrados que debe determinar responsabilidades, no sólo del partido político que propuso su nombramiento, sino de personas que, siendo representantes de ese partido político, participaron directamente con su voto en su elección" como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

'Naturales sentimientos de agradecimiento'

Al margen de la prueba practicada, las sospechas sobre López se han visto "reforzadas", según Anticorrupción, por las "expresivas manifestaciones" que realizó en el escrito que remitió a la Sala de lo Penal, en el que subrayaba sus "naturales sentimientos de agradecimiento" por los nombramientos que había impulsado el PP. Las fiscales destacan esta circunstancia "por más que (López) lo haga desde su íntima convicción de que de ello no habrá de derivarse riesgo alguno".

A ello añaden que, tras la práctica de la prueba, ha quedado acreditado que López ha impartido dos conferencias políticas en el PP, que fue vocal del CGPJ en 2001 a propuesta de esta formación y que en 2008 la Asamblea de Madrid, con los votos de los imputados Alberto López Viejo y Carlos Clemente, entre otros, le propuso como magistrado del Tribunal Constitucional.

Además, los 'populares' recurrieron el rechazo de esta candidatura en 2010, "reconociéndosele un interés directo para ello", y López fue nombrado finalmente miembro del Tribunal Constitucional en 2013, a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. Del Ejecutivo formaba parte entonces la exministra de Sanidad Ana Mato, partícipe a título lucrativo en el 'caso Gürtel'.

Además, el juez ha participado en 68 actividades formativas en la FAES, que dirige el expresidente José María Aznar y de la que la propia Mato es vocal. Por estos trabajos percibió un total de 13.102,37 euros.

Bárcenas votó a Espejel

En el escrito relativo a Espejel, las representantes de Anticorrupción destacan que ha quedado "acreditado" que la juez fue nombrada vocal del CGPJ en septiembre de 2008 a propuesta del Senado, cámara en la que el PP era "el grupo mayoritario". De igual forma, ponen de relieve que en la votación en la que fue elegida participó el extesorero de la formación Luis Bárcenas, imputado en el procedimiento.

De la misma manera, recalcan que Espejel ocupó el cargo de vocal del CGPJ hasta el 3 de diciembre de 2013, "de modo inmediatamente anterior al que ahora desempeña en la Audiencia Nacional". A su juicio, la "proximidad cronológica" entre ambos cargos contradice el escrito de oposición a la recusación de la magistrada presentado por el PP, que alegó "la inexistencia de una conexión temporal" entre ambos nombramientos.

Anticorrupción también destaca que la recusación afecta "a dos de los tres únicos magistrados" que componen el tribunal, que además asumirán la presidenta y la ponencia de la sentencia. En este sentido, recuerda que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "el número de miembros de un jurado (y, por extensión, de un órgano colegiado) respecto de los que se plantea la posible parcialidad resulta relevante para determinar la imparcialidad del tribunal".

El Pleno de la Sala de lo Penal estudiará el próximo 30 de octubre las recusaciones de los dos magistrados, que junto al juez Julio de Diego juzgarán la primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.