La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado este lunes que en los próximos días dictará una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las "ocupaciones de morada", al que se ha referido como "fenómeno delictivo", que requiere "una acción específica". El asunto está a la orden del día después de que varios medios de comunicación hayan abierto el debate sobre el presunto aumento de la ocupación de viviendas en las últimas semanas con una avalancha de noticias y desinformación.

La fiscal general ha señalado que, pese a estar ya reguladas, algunas situaciones "sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía", y es en este contexto donde ha situado el dictado de la nueva instrucción sobre okupación, cuyo contenido no ha adelantado.

El anuncio lo ha realizado durante su discurso oficial ante el rey Felipe VI y la cúpula judicial con motivo de la Apertura del Año Judicial, ocasión en la que se presentan los datos de la Memoria anual de la Fiscalía General de Estado.

La Memoria constata que se mantiene la tendencia de reducción iniciada en 2018 respecto a los delitos de ocupación, un dato que considera que "contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación".

Así, el documento, correspondiente al ejercicio 2019, explica que sigue produciéndose una línea descendente, aunque muy leve, en las incoaciones de este delito, con una disminución el año pasado del 0,75%. No obstante, admite que las calificaciones por ocupación sí se elevaron "un poco", con un aumento del 4,5% respecto al anterior ejercicio, aunque afirma que "se puede constatar la consolidación de un cambio en la tendencia".

Al margen de las ocupaciones, la memoria aporta datos sobre los allanamientos de morada, que es lo que más preocupa al grueso de la población, ya que supone la entrada de personas ajenas en cualquier vivienda (sea primera o no), contra la voluntad de su propietario, un delito que derivaría en una expulsión inmediata. En 2019, los delitos contra la inviolabilidad del domicilio, entre los que se incluye el allanamiento de morada, supusieron el 17% del total, cinco puntos más que el año previo.

El 'procés'

Igualmente, Delgado se ha referido a los principales hitos judiciales del pasado año, como el juicio del procés independentista en Catalunya, que condenó por e sedición y de un delito agravado de malversación de caudales públicos.

"Culmina así un proceso penal de especial trascendencia a todos los niveles, en el que los diferentes operadores jurídicos implicados han dado ejemplo de normalidad institucional y compromiso con el deber y la legalidad", ha manifestado.

Víctimas y corrupción

En cuanto a la atención a las víctimas, según Delgado esta es una de las principales preocupaciones del Ministerio Fiscal en el ejercicio "no solo de sus atribuciones de índole tuitiva -seguimientos de protección de derechos por vía civil-, sino también en el marco de la jurisdicción penal.

También se ha referido al problema de la corrupción, que según su criterio continúa siendo otro de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal. "La respuesta penal a este grave fenómeno criminal exige de una exigente formación especializada y del esfuerzo constante de los profesionales que integran la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, enfrentados a procedimientos técnicamente muy complejos y, a menudo, extraordinariamente voluminosos", ha manifestado.

Entre otras muchas consideraciones, se destacan este año según la fiscal general "las consecuencias penales de las llamadas crisis bancarias, que en 2019 continúan consumiendo importantes recursos de la Fiscalía Especial".