La Fiscalía General del Estado amenaza con una querella por un delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la hipótesis de que el responsable del Gobierno catalán lleve a cabo una declaración unilateral de independencia.

Fuentes de la Fiscalía han indicado a Efe que el órgano trabaja desde hace semanas en la elaboración de la querella por rebelión, un delito que el Código Penal castiga con hasta treinta años de prisión.

El presidente de la Generalitat aseguró en una carta remitida el pasado lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si el Ejecutivo persistía "en impedir el diálogo y continuar la represión" el parlamento catalán "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".

Con la querella ya casi ultimada, la Fiscalía General del Estado no ha decidido aún ante qué tribunal la interpondría, lo que depende de los distintos escenarios que se abrirían con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por desobediencia del gobierno de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley.

No obstante, según apuntan fuentes jurídicas, la querella se remitiría con toda probabilidad al Tribunal Supremo, en el caso de que el ministerio público considere que los hechos atribuidos a Puigdemont afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

Otra de las posibilidades es que la aplicación del artículo 155 comporte la inhabilitación de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat e incluso su posible cese como diputado del Parlament, por lo que perdería el fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y entonces la Fiscalía presentaría su querella por rebelión ante la Audiencia Nacional.

La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista.

La malversación es el único de esos tres delitos castigado con penas de prisión -hasta ocho años-, ya que tanto la prevaricación como la desobediencia solo llevan aparejados condenas de inhabilitación.

Asimismo, el delito de rebelión, que persigue a los que "se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30.