La Asociación Preeminencia del Derecho presentó el pasado 9 de abril una denuncia ante la Fiscalía Superior de Madrid contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y receptación en relación al proceso judicial que afecta a la pareja de Ayuso por defraudar a Hacienda.

Ahora la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, ordena la apertura de expediente gubernativo y el traslado de la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo al ser Díaz Ayuso persona aforada. Será esta Fiscalía quien decida si existen indicios que justifiquen la apertura de diligencias de investigación.

La asociación denunciante considera que la presidenta madrileña ha beneficiado al grupo empresarial Quirón, adjudicatario de varias licitaciones en la región y que es el pagador principal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. 

El Grupo Quirón es el "principal beneficiario de las colaboraciones público-privadas que lleva realizando el PP en la Comunidad de Madrid", consta en la denuncia. La división Quirón Salud cuadruplicó los pagos a Alberto González Amador, pareja desde mayo de 2021 de la presidenta Díaz Ayuso, por trabajos de consultoría. En concreto, en 2021 recibió 1.049.500 euros, casi cuatro veces más que el año anterior (275.273,83 euros). 

González Amador está siendo investigado por dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento mercantil por defraudar a Hacienda 350.000 euros procedentes de las comisiones de cerca de dos millones de euros por intermediar en la compra-venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.

"Obviamente el hecho de que la firma Quirón sea la que más ayudas recibe no sería posible si la señora Ayuso no estuviera en el poder, puesto que todo esto ocurre desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid", consta en la denuncia de Preeminencia del Derecho, a la que ha podido acceder Público. Este comportamiento de Ayuso podría enmarcarse en el presunto delito de tráfico de influencias, según la denuncia. 

"La señora Ayuso da remuneraciones a Quirón y Quirón da remuneraciones a su novio, todo queda en familia", dice en tono jocoso la denuncia, que añade que los hechos podrían constituir "uso de influencias para enriquecimiento de la pareja y aprovechamiento de ella misma", en consonancia con el artículo 298 del Código Penal y el delito de receptación que contempla. 

Este delito lo comete "el que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos". La denuncia recuerda que el delito de receptación será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

Además para el abogado José Luis Mazón, redactor de la denuncia, el hecho de que la presidenta Ayuso viva en un piso adquirido con los fondos que su pareja ganó supuestamente por la mediación en un negocio de mascarillas auspiciado por un directivo de Quirón "merece que se investigue".