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El fiscal general pide al Supremo que cite a Miguel Ángel Rodríguez por la denuncia de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz, representado por la Abogacía del Estado, ha pedido que el responsable de comunicación de la presidenta madrileña declare como testigo en la causa por revelación de secretos en la que se le investiga.

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, durante un acto en Madrid.
El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, durante un acto en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo que el director de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declare como testigo en el caso de la querella presentada por la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, por la presunta filtración de correos electrónicos en los que ofrecía un pacto a la Fiscalía en su causa abierta por fraude fiscal, según ha adelantado La Vanguardia.

La defensa de García Ortiz solicita al tribunal que llame a comparecer a Rodríguez, ya que considera que hay "indicios" de que tuvo acceso a una parte de los correos electrónicos que se filtraron en los que consta que la defensa de González Amador planteaba un pacto a la Fiscalía por presuntos delitos fiscales.

Miguel Ángel Rodríguez ha reaccionado a la noticia advirtiendo en sus redes sociales al fiscal general de que va "a ir pa'lante" si le llama a declarar en la causa por revelación de secretos.

La petición de la defensa de García Ortiz tiene lugar después de que el juez instructor del Supremo, Ángel Luis Hurtado, autorizara la entrada y registro en su despacho en busca de evidencias para la causa. La Fiscalía recurrió dicha diligencia al considerar que el magistrado no la motivó adecuadamente.

El juez investiga si García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en los que Alberto González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia. 


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