Los 188 'síes' de los diputados del Congreso a los Presupuestos reafirmaron este martes una premisa que en el Gobierno se maneja desde hace semanas: la continuidad de la legislatura está garantizada. El balón de oxígeno que supone que las cuentas hayan superado su tramitación en el Congreso (a falta de que concluyan los trámites restantes en el Senado) parece resarcir a un Ejecutivo que ha afrontado, con la primera fórmula de coalición de la historia de la democracia, uno de los años más complicados que se recuerdan.

Sin embargo, pese a que la votación en la Cámara Baja apunta a una legislatura de largo recorrido, eso no significa que el camino vaya a ser fácil. La conclusión del proyecto presupuestario (prevista para el 29 de diciembre, cuando se celebrará la última votación en el Congreso) dará paso a una serie de retos y batallas políticas que deberá afrontar el Ejecutivo, tanto en el seno del mismo Gobierno (los pulsos de la coalición), como de puertas para afuera (la necesidad de mantener mayorías y consensos para sacar adelante reformas de calado).

Estos 'retos' tienen nombre propio, y se corresponden con aquellas medidas pendientes que quedaron aparcadas para que el Gobierno se centrase en la tramitación de los Presupuestos. Entre las reformas más importantes están: la renovación del Poder Judicial, la reforma de la ley de financiación autonómica, la derogación de la reforma laboral o la regulación de los alquileres, entre otras.

Poder Judicial: un reto fuera y dentro del Gobierno

La renovación del Consejo General del Poder Judicial es uno de los grandes problemas enquistados de la legislatura, y uno de los que se han recuperado recientemente, incluso en medio de la tramitación presupuestaria. Este conflicto tiene una dimensión que afecta tanto a la coalición de Gobierno como a las relaciones del Ejecutivo con el resto de partidos, especialmente con el PP.

Desde el inicio de la legislatura, los de Pablo Casado mantienen bloqueada la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva ya dos años en funciones y que, pese a tener caducado su mandato, ha realizado nombramientos muy relevantes que hipotecarán a la cúpula judicial (de mayoría conservadora) durante años.

El PP, que ha roto varios acuerdos en esta materia con el PSOE, exige que Unidas Podemos se quede fuera de las negociaciones, una línea roja de la que, al menos públicamente, no se ha bajado. En octubre, los socialistas y los de Pablo Iglesias registraron una reforma de la ley del Poder Judicial para, por un lado, rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ en caso de bloqueo (mantener los tres quintos en un principio, pero reducirlo a una mayoría absoluta si no sale adelante en un plazo determinado); y, por otro, limitar las atribuciones del órgano cuando su mandato haya caducado.

Este miércoles, ambas formaciones decidieron descongelar la reforma (paralizada desde la moción de censura de Vox, como gesto para atraer de nuevo al PP a las negociaciones), pero solo en una de sus partes: la limitación de atribuciones cuando el CGPJ está en funciones. De esta manera, la rebaja de la mayoría seguirá en la nevera, al menos de momento.

Para Unidas Podemos el intento del PP por excluirlos y los portazos continuos al PSOE son una oportunidad de explorar la renovación del Poder Judicial a través del bloque de investidura, sobre todo cuando esta fórmula ha permitido que los PGE salieran adelante con casi 190 votos a favor. Unidas Podemos defiende en este sentido la parte de la reforma registrada que establece una rebaja de la mayoría necesaria para renovar el órgano judicial cuando se produzca un bloqueo como el actual.

La formación morada defiende esta vía en base a dos elementos. El primero es que la rebaja de la mayoría, a su juicio, dejaría una situación legal más adecuada a la realidad política actual que la norma vigente. Esto es así, defienden, porque la mayoría de tres quintos que se pide funcionaba como herramienta para que, en un sistema bipartidista, una sola formación con mayoría absoluta en el Parlamento no renovara solo con sus votos al Poder Judicial. En el sistema actual la pluralidad estaría garantizada desde la base del propio Parlamento, ya que un solo partido (ni siquiera dos) podría renovar el CGPJ sin contar, al menos, con algunas formaciones más de la Cámara.

El segundo elemento es que, además de renovar el Poder Judicial, esta podría ser una oportunidad para incorporar a las formaciones independentistas y soberanistas (sobre todo a ERC y EH Bildu) a lo Iglesias denomina como "dirección de Estado". Si estos partidos participan en las instituciones del Estado, esto ayudaría a que se rebajara la tensión de los conflictos territoriales y desactivaría los marcos políticos que sitúan a las formaciones independentistas fuera del propio Estado.

La financiación autonómica, un 'clásico' en el Gobierno

El otro gran reto del Gobierno será abordar de una vez una nueva financiación autonómica que lleva pendiente desde 2014 y que, con probabilidad, deberá incluir una propuesta de armonización fiscal entre las autonomías, tal y como quiere el Ejecutivo.

En principio, la primera reunió para abordar este asunto estaba fijada para febrero, aunque posiblemente sea después de las elecciones catalanas. Pedro Sánchez, desde que llegó al Gobierno, consideró una prioridad fijar un nuevo modelo de financiación, pero por unas circunstancias u otras siempre se ha pospuesto este asunto.

El tema no será nada fácil y anuncia que habrá tensiones entre las autonomías, dados los distintos modelos que se quieren poner encima de la mesa. Desde el PSOE se le tiene mucho respeto a este tema, porque hay comunidades autónomas gobernadas por este partido, cuyos presidentes están dispuestos a dar la batalla hasta el final para defender sus intereses territoriales.

No obstante, fuentes del Ejecutivo aseguran que esta vez sí, y que en 2021 habrá un nuevo sistema de financiación autonómica que, además, tendrá la voluntad de que sea más estable y permanente.

Reforma laboral y regulación de alquileres

Estas dos iniciativas están dentro del acuerdo para una coalición progresista rubricado por Sánchez e Iglesias a finales de diciembre de 2019. La reforma laboral se abordará en el seno del diálogo social, que dará paso a esta negociación tras culminar los trabajos de las mesas que negocian en la actualidad sobre la regulación de los riders y de las denominadas plataformas digitales, y las políticas activas de empleo.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha dicho en varias ocasiones que no es el momento de abordar la derogación de la reforma laboral y deriva cualquier modificación laboral  a la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que es un compromiso también que está incluido en los acuerdo de Gobierno.

No obstante, parece difícil que la vicepresidenta paralice la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral -otro compromiso del acuerdo del Gobierno de coalición- ya que es una de la principales demandas sindicales. Fuentes de la UGT manifestaron a Público que se está agotando la paciencia y exigirán que de forma inmediata se afronte en la mesa de diálogo social estas reformas, entre otras, la derogación de la primacía del convenio de empresa por encima del convenio sectorial.

La regulación de los alquileres deberá abordarse en el marco del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ábalos. Además de estar en el programa de coalición, es también un acuerdo explícito suscrito con Sánchez en el pacto presupuestario (junto a la mejora de la cobertura del ingreso mínimo vital). Iglesias pactó abordarlo en la nueva ley de vivienda y trabajarlo junto a Ábalos.

Desde el Ministerio de Transportes hay una clara predisposición para afrontar decididamente esta reforma y buscar cauces para el abaratamiento de los precios del alquiler. De hecho, se está trabajando intensamente en la reforma de la ley de vivienda y se están buscando los mecanismos legales para abordar este problema.

En este sentido, fuentes socialistas vinculadas al Gobierno no ocultan que pueda haber diferencias a la hora de cómo y cuándo abordar ambos asuntos, pero aseguran que hay voluntad de hacerlo. Los de Iglesias y los de Ábalos lograron esta misma semana cerrar un acuerdo para extender y ampliar la prohibición de los desahucios, aunque no se ha impulsado una medida concreta porque falta que cierren un acuerdo sobre el corte de suministros básicos en pleno estado de alarma. 

En Unidas Podemos consideran que el avance en estas medidas (derogación de la reforma laboral, prohibir el corte de suministros y regulación de los alquileres) fortalecería al bloque de la investidura, además de que serían fáciles de apoyar por las formaciones que lo componen. En este sentido, entienden que son medidas progresistas y reivindicaciones que comparten partidos como ERC o EH Bildu. Además, recuerdan que estas medidas no son exigencias nuevas de Iglesias, sino compromisos firmados con el PSOE en distintos documentos, como el programa de Gobierno y el acuerdo presupuestario.

Plan Normativo y Plan de Reconstrucción

Y, finalmente, el Gobierno quiere cumplir al completo el llamado Plan Normativo que aprobó hace unos meses el Consejo de Ministros, que recoge un total de 171 propuestas, un proyecto de reforma constitucional, tres leyes orgánicas, 58 leyes ordinarias, 119 reales decretos e incorporar 50 directivas europeas al ordenamiento jurídico y legislativo español.

Fuentes del Ejecutivo apuntaron que, una vez despejado el panorama presupuestario, hay mucho interés en no perder ni un minuto y cumplir con el programa de Gobierno pactado y desarrollar las políticas comprometidas. Por ello, hay orden desde Presidencia del Gobierno en no desaprovechar ni un día para sacar adelante todo el proyecto político y que nada se quede en el cajón.

El otro gran objetivo del Gobierno es desarrollar el Plan de Reconstrucción y sacar el mayor provecho posible. Por ello, se agilizarán desde ya los trámites para facilitar el acceso a los fondos europeos y se estará muy atento para dinamizar todo tipo de iniciativas, implicando directamente a comunidades autónomas, ayuntamientos y al sector privado en proyectos de toda índole.

Sánchez tiene muy claro, y así lo ha hecho saber a sus más cercanos colaboradores, que no hay que perder el tiempo, que hay mucho trabajo por hacer y que quiere que esta sea la legislatura más fructífera de la democracia.