MADRID.- Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están indignados este lunes a cuenta de que su presidente, Carlos Lesmes, no les ha hecho llegar el acuerdo por el que el pasado jueves el pleno apartó del ejercicio profesional al juez Santiago Vidal durante tres años como autor de una falta disciplinaria muy grave al elaborar un borrador de constitución catalana.

El grupo minoritario tiene que presentar hoy su voto particular contrario a la sanción impuesta al magistrado el pasado jueves por 13 votos frente a 8. Sin embargo, no disponen ni del acuerdo ni del acta de la sesión plenaria, por lo que redactan ahora “a ciegas” su voto particular.

Esta irregularidad es denunciada por diversas fuentes del grupo minoritario, que expresan "indignación" y denuncian una práctica de "filibusterismo" destinada a impedir que puedan acceder a toda la exposición razonada de la sanción sobre la cual ellos quieren interponer un voto particular.

El propio voto particular que se redacta denuncia que escriben “a ciegas” los argumentos contrarios a la sanción. La urgencia en finalizarlo residía en que esta tarde a las 19:30 horas finalizaba el plazo legal para presentarlo, y poco antes aún no disponían ni del acuerdo ni del acta de la sesión plenaria.

Por si fuera poco, el ponente que propuso la sanción a Santiago Vidal, el vocal Rafael Fernández Valverde, lo hizo de viva voz y no entregó documento alguno al pleno del pasado 26 de febrero que duró unas nueve horas.

En la minoría progresista se temen que el acuerdo sea redactado posteriormente y a partir del voto particular que presenten este lunes, y donde se conteste a los razonamientos jurídicos en los que ellos se basan para rechazar la grave sanción impuesta a Santiago Vidal que supone su expulsión de la carrera judicial dada su edad.

Votaron en contra de la sanción de Santiago Vidal los vocales Roser Bach, Mar Cabreras, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Por su parte, aprobaron la sanción el presidente del órgano constitucional, Carlos Lesmes, y los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Fernando Grande-Marlaska, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, Mario Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte.

Se da la circunstancia de que el secretario general del CGPJ, José Luis Terrero, falleció el pasado 24 de marzo después de una larga enfermedad.

El secretario general falleció la semana pasada

La sesión plenaria del pasado 26 de marzo comenzó con un reconocimiento por parte de Carlos Lesmes a la labor y dedicación desplegada por Terrero al frente de la secretaría general, para quien se ha pedido la cruz de San Raimundo de Peñafort a título póstumo.

José Luis de Benito, funcionario del CGPJ y secretario judicial, es quien ha ejercido de facto como secretario general durante la convalecencia del desaparecido Terrero, incluidas las sesiones plenarias. De Benito se postula para sucederlo. Otro de los candidatos es el magistrado Gervasio Martín, jefe del Servicio del Gabinete Técnico y con una larga trayectoria en la carrera judicial.

Se 'puenteó' a la Comisión Disciplinaria

El pasado 26 de febrero el pleno del CGPJ sancionó con tres años de suspensión de empleo y sueldo al magistrado Santiago Vidal por haber incurrido en un falta muy grave consistente en la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales (regulada en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La propuesta de expulsión de la carrera judicial fue elevada al pleno por el Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, quien no consideró necesario someterla a la consideración de la Comisión Disciplinaria.

Sin embargo, el pleno del CGPJ se partió en dos, con 10 vocales a favor de la expulsión y otros 10 en contra. Lesmes no quiso hacer valer su voto particular y se retiró optó por la sanción por tres años.

Los miembros de la Comisión Disciplinaria deciden de las sanciones que se proponen a los jueces y magistrados y sus miembros son inamovibles durante cinco años.

Sin embargo, el Promotor se basó en los artículos 599.1 y 604 de la misma ley para dirigirse directamente al pleno y proponer la expulsión de Vidal, cuando las garantías deben ser adoptadas siempre a favor del expedientado. Por otro lado, los artículos 422.3 y 421.1.d. de la LOPJ requieren que la propuesta sea sometida a la Disciplinaria, que es el órgano que lo eleva al pleno.

La Comisión Disciplinaria rechazó suspender cautelarmente a Santiago Vidal por cuatro votos frente a tres el pasado octubre, mientras se tramitaba este expediente disciplinario.