MADRID.- El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, no acudirá mañana a la comisión parlamentaria a la que ha sido citado, con lo que será el tercer miembro del Ejecutivo que declina someterse al control del Parlamento tras los de Defensa, Pedro Morenés, y Fomento, Ana Pastor.

Tampoco asistirán a la Comisión el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ni el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

Así consta en el escrito que ha remitido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, al Congreso de los Diputados, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

En ese escrito, el Gobierno reitera los argumentos esgrimidos con motivo del rechazo a las citaciones de Pastor y Morenés, que se basan en que como Ejecutivo en funciones no está sometido al control de un Congreso que no le ha dado su confianza.

El Gobierno reitera los argumentos esgrimidos con motivo del rechazo a las citaciones de Pastor y Morenés

El ministro del Interior y el resto de altos cargos fueron citados tras la reunión de la Mesa y de los portavoces de la Comisión de Interior celebrada ayer después de la sesión en la que, entre otras iniciativas, se aprobó una proposición no de ley en la que se pide la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana.

El orden del día de la Comisión contiene doce comparecencias, todas ellas solicitadas por el grupo socialista.

Al ministro pretendían preguntarle, entre otros asuntos, por una supuesta obstrucción de la investigación sobre el ático del expresidente madrileño, Ignacio González, en Estepona; y sobre varias declaraciones que ha hecho en las últimas semanas sobre las investigaciones judiciales que afectan al PP o sobre un posible interés de ETA en un gobierno formado por PSOE y Podemos.

La citación de Fernández Díaz y los principales altos cargos del Ministerio, la Policía y la Guardia Civil se produce en medio del conflicto abierto entre el Congreso y el Ejecutivo por la negativa de éste a ser controlado por la Cámara.

Hoy mismo, el pleno del Congreso votará y previsiblemente aprobará la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de atribuciones contra el Ejecutivo.