MADRID.-  Londres celebra este jueves una vista para decidir si se mantiene en prisión o sale bajo fianza el militar Emmanuel Karenzi Karake, jefe de los servicios secretos de Ruanda, sobre el que pesa una orden europea de detención y entrega emitida por la Audiencia Nacional.

La Orden Europea de Detención y Entrega está basada en el principio de reconocimiento mutuo entre los tribunales de los países de la Unión Europea sin la intervención de las autoridades políticas.

La vista de Londres se centa en resolver si Karake continúa en prisión provisional o se adopta su excarcelación bajo fianza o arresto domiciliario. Posteriormente, se resuelve si se sigue adelante con la entrega a la Audiencia Nacional del jefe de los servicios secretos ruandés.

El tribunal español reclama a Karake por ser uno de los supuestos implicados en el asesinato de tres cooperantes españoles, de las nueve víctimas españolas muertas en el África de los Grandes Lagos, además de cientos de víctimas ruandeses y congoleñas. De los nueve asesinados, seis eran religiosos y tres pertenecían a Médicos sin Fronteras, y encontraron la muerte en Ruanda y en la República Democrática del Congo a partir de 1994, durante las “limpiezas étnicas”.

Las nueve familias españolas de las víctimas reclaman en la vista la entrega al tribunal español de Karake, por medio de la Orden Europea emitida por el juzgado central de instrucción 4, cuyo titular es Fernando Andreu.

Karake, responsable de la inteligencia militar del Ejército Patriótico Ruandés (DMI), liderado por el presidente de Ruanda, Paul Kagame, "conoció y aprobó" supuestamente el asesinato de los cooperantes españoles Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña en enero de 1997. 

Es también considerado supuesto responsable del asesinato de otros nueve internacionales de la ONU y un misionero canadiense, Guy Pinard, en esas fechas, operación que tenía por objetivo vaciar de observadores internacionales en el noroeste de Ruanda para poder proseguir con las matanzas de población civil a ambos lados de la frontera con el Congo.

La Audiencia Nacional dictó en 2008 un auto de procesamiento contra Karake y otros 39 cargos militares del Ejército Patriótico Ruandés (APR/FPR) por hechos criminales ejecutados entre el 1 de octubre de 1990 y el 1 de julio de 2002, tanto en Ruanda como la República Democrática del Congo. Están acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo y pertenencia a banda armada.

A inicios de este año, se dictó el sobreseimiento provisional, a la espera de que que se activara un proceso de extradición.  El Tribunal Supremo tiene aún pendiente de resolver sobre si estos procesamientos serán archivados tras la limitación de la justicia universal en España, , considerando que es un proceso judicial que está abierto en España hace más de 10 años. Por lo tanto, la orden de detención internacional sigue en vigor.

Cuando Karenzi Karake llegue a España, la Fiscalía incidirá en su procesamiento por terrorismo, del que se considera responsable de los asesinatos de los nueve españoles.

Por su parte la representación de las nueve familias de las víctimas españolas, y de victimas ruandesas reclaman que se abra juicio por su presunta responsabilidad en crímenes de genocidio, contra la humanidad y crímenes de guerra, además de terrorismo.

Karake está considerado de cometer crímenes contra la humanidad y terrorismo en Ruanda y en la República Democrática del Congo en las matanzas desatadas a partir de 1994, entre las que asesinaron a nueve españoles. En Ruanda fueron asesinadas al menos 312.726 personas de forma selectiva por parte del APR/FPR, que constituyó una estructura militar paralela encargada de la realización de muertes selectivas, masacres sistemáticas o acciones de infiltración.

Las matanzas sistemáticas y masivas contra refugiados hutus y twas -pigmeos cazadores- ruandeses y de población civil congoleña prosiguieron a partir de 1996 en la República Democrática de Congo, donde se produjeron cientos de miles de víctimas en los años posteriores, en innumerables operaciones militares del ejército ruandés que se han prolongado hasta fechas muy recientes.

Las familias de las nueve víctimas españolas solicitan que se vuelva a requerir a las autoridades de la República de Sudáfrica, el arresto y la entrega de otro de los 40 implicados, el general Kayumba Nyamwasa, sobre el que también pesa otra orden internacional de arresto y extradición.

Además, solicitan la colaboración de la ONU para conseguir un juicio justo sobre los responsables de estos crímenes internacionales, incluyendo la entrega al  tribunal español de pruebas depositadas en Ginebra y Nueva York.

Las familias de las víctimas explican que la mayoría de los implicados en el asesinato de los españoles no entran en la competencia temporal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda con sede en Arusha, Tanzania (año 1994) o la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (a partir del 1 de julio de 2002).

Las nueve víctimas españolas

Joaquim Vallmajo i Sala (Navata, Figueres (Girona), 1.941- Kageyo, Byumba, 1994). Misionero de los Padres Blancos destinado en Ruanda desde su ordenación, en 1965. Destacó por su lucha a favor de los Derechos Humanos. En sus últimos años había asumido la responsabilidad de las obras sociales y de desarrollo de la Diócesis de Byumba, al norte de Ruanda, así como el servicio de los desplazados de guerra. Denunció abiertamente las situaciones de injusticia que sufrían los desplazados y refugiados, sin importar su origen étnico.

El martes, 26 de abril de 1.994, fue detenido por militares del APR/FPR en la localidad de Kageyo (Byumba). Nunca más ha sido visto ni su cuerpo recuperado. Desapareció junto a tres sacerdotes hutus. Había sido acusado por los militares de hablar mal de ellos en sus homilías y amenazado con que pagaría por ello algún día.

Cuatro religiosos maristas asesinados el 31 de octubre de 1996: Servando Mator García (Hornillos del Camino, Burgos, 1.952); Julio Rodríguez Jorge (Piñel de Arriba, Valladolid, 1.956); Miguel Ángel Isla Lucio (Villalaín, Burgos, 1.943) y Fernando de la Fuente de la Fuente (Burgos, 1.943).

Los cuatro religiosos formaban parte de la comunidad marista en el campo de refugiados de Nyamirangwe (en la parte este del Congo), administrado por Cruz Roja bajo el patrocinio de ACNUR. El campo acogía a unos 30.000 refugiados ruandeses, la mayoría niños. En junio de 1996 el ACNUR decidió suspender la ayuda alimenticia. Los religiosos decidieron permanecer junto a los refugiados que no habían podido huir, para prestarles ayuda y asistencia. El día 30 de octubre de 1996, Servando Mayor García, a través de la emisora de radio Cadena Cope, emitió en nombre de los refugiados una urgente petición de auxilio para establecer un corredor humanitario.

Al día siguiente, 31 de octubre, los militares rebeldes llegaron al campo de refugiados. No se supo más de los cuatro religiosos españoles. Algunos zaireños escucharon gritos y disparos. Nueve días después aparecieron los cuerpos sin vida de los cuatro religiosos en el fondo de un pozo, con signos de haber recibido torturas, impactos de bala y heridas profundas de machetazos.

Tres voluntarios de Médicos Sin Fronteras, asesinados el 18 de enero de 1997: María Flors Sirera Fortuny (Tremp, Lleida, 1963); Manuel Madrazo Osina (Sevilla, 1954) Luis Valtueña Gallego (Madrid, 1966). Fueron asesinados en el asalto a su residencia perpetrado por un grupo de ocho a 10 militares. Trabajaban en el campo de refugiados de Mugunga (donde se albergaban unos 250.000 refugiados hutus). Dos días antes se había desplazado a Kabere, a fin de atender a los supervivientes de una masacre. Mientras atendían a los heridos, una persona les indicó un lugar en donde se encontraban personas moribundas. Los cooperantes acudieron allí y descubrieron además una fosa común con cientos de cadáveres. Dos días después fueron asesinados.

Isidro Uzcudun Pouso (Pasaia, Gipuzkoa, 1.931), asesinado el 10 de junio de 2000. Sacerdote misionero en Ruanda desde 1963. Promotor de la paz y de la reconciliación, defensor de los derechos humanos, se destacó por la denuncia social de la injusticia y la defensa de las personas ante los abusos de las autoridades. Fue asesinado en su humilde habitación de un tiro en la boca.