Nagore López de Luzuriaga tuvo, durante muchos años, dos tíos en la cárcel. Ambos salieron a la calle a finales de noviembre pasado, tras la anulación de la doctrina Parot. Cuando se produjo esa histórica sentencia, esta joven fue una de las representantes de Etxerat -asociación de familiares de presos vascos- que habló ante los medios. Este miércoles, sus compañeros denunciaron que está en el punto de mira de las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que calificaron como un nuevo 'intento de criminalización' contra el entorno afectivo de los reclusos.

Durante la operación policial de la semana pasada contra los interlocutores del Colectivo de Presos Políticos Vascos, el EPPK, la Guardia Civil -encargada de realizar las detenciones- manejó el nombre de esta mujer. 'Quisieron realizar un registro en la oficina que Nagore tiene en Gasteiz, pero el juez Eloy Velasco lo rechazó', aseguran a Público fuentes próximas a Etxerat. En los días previos, los agentes habrían efectuado tareas de seguimiento a López de Luzuriaga y Fernando Arburua, representante de la asociación Jaiki Hadi -dedicada a la asistencia sanitaria a los presos-. No obstante, ninguno de ellos fue detenido en esa redada, que acabó con ocho personas en la cárcel.

El miércoles de esta semana, López de Luzuriaga volvió a situarse delante de las cámaras, rodeada de más de 90 familiares de presos. Esta vez lo hacía en calidad de portavoz, pero también de protagonista: en una rueda de prensa ofrecida en Donostia, Etxerat alertó sobre los 'intentos de criminalización' contra esta asociación, que a día de hoy cuenta con reconocimiento legal. 'El objetivo está claramente definido: denigrar y ahogar el trabajo que Etxerat está llevando adelante', subrayó este colectivo en su declaración. La lectura de la versión en castellano corrió a cargo de la propia López de Luzuriaga.

'Etxerat está formada por personas de diferentes sensibilidades y distintas ideologías que en ningún momento hemos elegido la condición que nos hace ser parte de esta asociación: ser familiares y allegados de presas y presos políticos vascos', reivindicaron. Con su clásico pañuelo blanco atado al cuello, los portavoces admitieron que sus denuncias sobre la política penitenciaria del gobierno español 'provocan inquietud', pese a lo cual indicaron que continuarán con su trabajo 'de forma totalmente pública y abierta'.

En otro tramo de la nota, los familiares adelantaron que seguirán reuniéndose 'con instituciones y agentes políticos, sociales y sindicales para compartir la responsabilidad de defender el respeto a los derechos humanos'. 'Por lo tanto, ni aceptamos ni asumimos los intentos de criminalización que pretenden justificar acusaciones, imputaciones e incluso detenciones. Nosotros caminamos en el sentido contrario: hacia la resolución y la paz', afirmaron. También se dirigieron a los estamentos políticos, a quienes reclamaron su apoyo 'para hacer frente a los ataques'. 'Todos saben quiénes somos y qué hacemos (...) Pedimos encarecidamente a la sociedad vasca que no permita que ser familiar se convierta en delito', puntualizaron.

Las advertencias de los familiares de presos de ETA tuvieron eco en el Parlamento de Gasteiz. Mientras Nagore López de Luzuriaga pedía reacciones ante los últimos episodios en Euskadi, PNV y EH Bildu unían sus votos en la diputación permanente para advertir sobre la 'gravedad' de la operación contra los interlocutores del EPPK, un colectivo que recientemente había mostrado su compromiso con el proceso abierto en el País Vasco. A instancias de los peneuvistas, ambas fuerzas políticas acordaron trasladar este tema a la Ponencia de Paz y Convivencia, una comisión parlamentaria que trabaja a puerta cerrada. PSE, PP y UPyD votaron en contra del texto de los nacionalistas.

El cocktail de malestar y preocupación por las últimas detenciones también llegó a la diputación permanente de la Cámara de Diputados, donde PNV y Amaiur lanzaron una batería de reproches al gobierno. A pesar de las críticas, los representantes del PP consiguieron evitar que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tenga que comparecer ante la cámara para explicar los motivos de la operación policial.