La familia de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, está a punto de quedarse sin suministro de energía eléctrica y de ver cortada el agua del Canal de Isabel II a causa del impago de las facturas por el embargo dictado por la Audiencia Nacional en el caso Lezo.

El juez Eloy Velasco dictó el embargo cautelar de las cuentas y bienes de González el pasado 20 de abril. El problema es que el expresidente de la Comunidad de Madrid tenía firma en las cuentas de corrientes de sus tres hijas, de tal manera que también quedaron bloqueadas.

Cinco escritos lleva presentado la esposa e hijas de González para que el Juzgado Central de Instrucción 6 les permita disponer de algo de dinero para pagar la luz, el agua y las hipotecas de las hijas. Pero el juzgado aún no ha respondido a esta petición.

El primero de los escritos para que se desbloqueara algo de dinero y poder hacer frente a los gastos corrientes se presentó hace mes y medio. La situación es tal que la esposa e hijas han recibido advertencias de corte de suministros, según fuentes cercanas a la familia del líder popular madrileño.

Para complicar la situación, el juez Velasco está de manera provisional en la causa, ya que consiguió una nueva plaza en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, de reciente creación, cansado de no disponer de apoyo para investigar los grandes casos que han recaído en su juzgado.

García Castellón regresa en 10 días

El magistrado que se hace responsable de este juzgado aún no ha tomado posesión de su cargo. Se trata de Manuel García Castellón, y es el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 aunque lleve 17 años fuera del ejercicio de la carrera judicial.

García Castellón tiene previsto pedir su reincorporación a finales de esta semana. A partir de ahí, dispone de diez días para incorporarse al juzgado.

Mientras, el tiempo corre en contra de la esposa e hijas de González. En su entorno denuncian cómo "el derecho penal ha irrumpido en esta familia que ha sido arrasada y sufre la pena de pérdida de sus derechos".

La mayor de las hijas, Lourdes González Cavero, médico residente, y su hermana mediana Patricia, economista, son propietarias cada una de un piso de Protección Pública de Precio Básico situados en el noroeste de Madrid (PAU de Valdebebas) y deben pagar las hipotecas que firmaron con el BBVA en el año 2014.

Este tipo de viviendas de protección pública están destinadas a personas con pocos recursos y son reguladas por la Comunidad de Madrid. Ambas firmaron sus hipotecas cuando su padre era presidente del gobierno autónomo.

Por su parte, la hermana menor, Rocío, es una estudiante de Medicina que no dispone de dinero para costear su matrícula universitaria, según las mismas fuentes.

Ignacio González permanece en prisión preventiva como supuesto líder de una trama que habría causado un perjuicio para las arcas públicas madrileñas de 23,3 millones de euros por la compra en 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte de Inassa, filial sudamericana del Canal de Isabel II.

En la causa de Lezo también se investigan el supuesto cobro de comisiones por la construcción de un campo de golf en la capital, y de una presunta 'mordida' de 1,4 millones de euros de la constructora OHL, entre otras operaciones.

Los embargos cautelares de cuentas y bienes son habituales en grandes procesos penales como el caso Lezo, con el fin de hacer frente a futuras responsabilidades civiles si terminan en condena. Pero los juzgados suelen autorizar la disposición de efectivo para afrontar los gastos corrientes del embargado o para no deteriorar el valor de los bienes bloqueados. El cálculo del dinero a liberar debe estar justificado y se suele realizar con facturas que aportan los embargados.

Mientras, la defensa de Ignacio González ante la Audiencia Nacional está siendo costeada con pagos parciales por la familia de su esposa, Lourdes Cavero Mestre.