La incapacidad del Ministerio de Vivienda, en manos del PSOE, para contener el precio de los alquileres en plena oleada expansiva por el auge del alquiler vacacional, y mientras el PP bloquea en las comunidades donde gobierna la aplicación de la ley de vivienda aprobada la pasada legislatura, han levantado protestas de los sindicatos y de organizaciones ecologistas, vecinales y de inquilinas en las principales ciudades de España.

Este miércoles, el Sindicat de Llogateres —inquilinos— ha desarrollado un acto de protesta en la sede del congreso de inversores inmobiliarios The Discrit que se inauguró en la Fira de Barcelona y que durará hasta el próximo viernes. Durante la concentración se registraron incidentes entre la policía y los manifestantes.

Para este viernes están convocadas manifestaciones en
Balears, y en octubre las habrá en Madrid, Barcelona y València, y probablemente también en Canarias, en Málaga, en Sevilla y en villas turísticas de Cantabria y de otras comunidades autónomas.

Según un informe publicado el pasado mes de abril por el Grupo de Estudios Críticos Urbanos, formado por investigadores de las universidades Complutense de Madrid y Nacional de Educación a Distancia, los alquileres se han encarecido cerca de un 80% en la última década en España, mientras que la renta disponible de las familias sólo ha subido un 33%.

Trasvase masivo de rentas de los inquilinos a los caseros

El estudio, titulado El mercado de alquiler, fuente de desigualdad social, desvela además que las subidas de los alquileres en los últimos diez años impulsadas por los arrendamientos de temporada "han impulsado un proceso masivo de transferencia de rentas de la población inquilina a los caseros".

Precisamente, el pasado martes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apeló en una entrevista en la Cadena SER a la solidaridad de los propietarios de inmuebles en alquiler para resolver la crisis de precios, unas declaraciones que en seguida tuvieron respuesta crítica por parte de Sumar, su socio de Gobierno, y de los portavoces de otros grupos socios del Ejecutivo en el Congreso.

"Les pido [a los arrendadores] que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales, que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y las españolas", dijo Rodríguez.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, contestó este miércoles desde la Cámara Baja: "Cuando había que subir el SMI no apelamos a la solidaridad de los empresarios, lo subimos por ley. Cuando dijimos los bancos y a las [industrias] energéticas que tenían que contribuir más tampoco apelamos a su solidaridad, pusimos un impuesto a los beneficios extraordinarios por ley", recordó.

Dos días antes, Errejón había fiado "buena parte de la suerte de la legislatura" del Gobierno de coalición a resolver el problema de la vivienda.

Belarra y la virgen del Rocío

También el martes, durante la sesión del control al Ejecutivo en el Congreso de las Diputadas, la portavoz y líder de Podemos, Ione Belarra, se refirió al caso ridiculizando la propuesta de la ministra socialista: "Lo que está haciendo este Gobierno es un ejercicio de hipocreía insoportable (...) Están a un tris de pedirle a la virgen del Rocío que bajen los precios de los alquileres", dijo.

Según informan fuentes del Congreso, Rodríguez podría anexar la cuestión del alquiler temporal y vacacional mediante real decreto a la ley por el derecho a la vivienda aprobada en la pasada legislatura. Además, en el entorno de los grupos progresistas que apoyan el Ejecutivo, se le pide que, una vez que el voto de Junts impidió la tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada propuesta por los Sindicatos de Inquilinas, la ministra la haga suya y la negocie con el resto de grupos, afirman las citadas fuentes.

Las palabras de Rodríguez apelando a la solidaridad de los caseros han coincidido  con el apoyo personal mostrado por la ministra a la llamada operación Campamento, aprobada el martes en el Ayuntamiento de Madrid con los votos de PP, PSOE y Vox y que planea la construcción de 10.700 viviendas en terrenos del Estado ubicados al oeste de la capital.

El Ministerio ha asegurado que los pisos se venderán "a precios asequibles", pero quienes se oponen al proyecto destacan que sólo 750 de los más de 10.000 inmuebles que se levantarán en Campamento se destinarán a alquiler bajo protección oficial.

Artículo 47 de la Constitución

Durante la primavera pasada se produjeron en todo el país varias manifestaciones y actos de protesta por el encarecimiento de los alquileres y en defensa del derecho a una vivienda establecido en la Constitución. Su artículo 47 encomienda a las administraciones públicas la promoción de las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, "regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

La plataforma Canviem el Rumb ha convocado marchas para este viernes en Ibiza y Formentera coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo. En Madrid, una treintena de colectivos, incluyendo a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la capital; CCOO y UGT; Sindicatos de Inquilinas y de estudiantes; la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas; Amnistía Internacional y Greenpeace, han anunciado una marcha para el próximo 13 de octubre bajo el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio".

En Barcelona, también el 13 de octubre, la plataforma No a la Copa América, formada por un centenar de colectivos contrarios a la turistificación y los macroeventos, ha convocado otra gran manifestación. Y En València, 20 asociaciones sindicales, vecinales y ecologistas protestarán contra el turismo de masas y en favor del derecho a la vivienda seis días después, el 19 de octubre, bajo el lema "València se ahoga".

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, Ecologistas en Acción y otras organizaciones civiles también han convocado protestas para una fecha del mes que viene aún por determinar en "zonas altamente turísticas" de las islas Canarias, según anuncian los promotores.

Los colectivos que celebraron manifestaciones durante la primavera y el comienzo del verano de este año en Girona, Málaga, Sevilla, Granada y Cantabria también estudian repetir acciones similares este otoño.