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MADRID.- "Aún no sabemos la cifra exacta de personas que van a venir ni cuándo van a venir". De esa manera explica un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, cómo están viviendo la preparación del plan de acogida de refugiados. Aún a la espera de un acuerdo entre los países de la UE sobre la distribución de los 120.000 migrantes que propuso la Comisión Europea, el Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin poner políticas concretas encima de la mesa para ayudar a las Comunidades Autónomas a que hagan frente a esta crisis humanitaria.
Si bien es cierto que fuentes de la Comunidad de Madrid con las que ha hablado este diario indican que ya están hablando con los agentes implicados en la ayuda a los migrantes, como son la Federación de Municipios de Madrid (FMM), diferentes ONGs, Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), aún no se tienen ni cifras ni datos concretos sobre este plan.
"No podemos tener un presupuesto si no sabemos el número de personas que vendrán; lo único que conocemos es que entrarán de forma escalonada", señala un portavoz de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad. En este sentido, aunque el Congreso ha pactado una enmienda transaccional a los Presupuestos Generales del Estado para aumentar en 200 millones la dotación destinada para el programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, el Gobierno sigue sin decir a las diferentes CCAA cuánto les corresponderá.
El Gobierno madrileño calcula que podría acoger en los próximos meses a unos 2.400 migrantes, dentro del cupo de 17.500 que se maneja para toda España. "Estamos recabando información de los municipios y ayuntamientos sobre qué es lo que necesitan pero contamos con que no vamos a demandar atención especial hospitalaria ni fuerzas de seguridad excepcionales", aclara uno de los responsables de Servicios Sociales.
Esto se debe a que, tal y como indican personas encargadas del plan de acogida, desde la Comunidad de Madrid confían en los controles de seguridad y sanidad de los centros de registro de demandantes de asilo, conocidos como hot spot, en Italia y Grecia. Por su parte, un portavoz de la Comunidad señala que, en este sentido, las personas que serán reubicadas en nuestro país, provenientes de Hungría, Grecia e Italia, serán en su mayoría familias y no menores sin tutela.
Independientemente de la información facilitada por el Ejecutivo, Manuela Carmena desde el Ayuntamiento de Madrid ha decidido adelantarse y poner en marcha una partida de 10 millones para prestar ayuda a los refugiados el próximo mes de enero en las áreas de Equidad, Derechos Sociales y Vivienda o en la Agencia de Empleo.
Es uno de los ayuntamientos, junto con Barcelona, que se está anticipando en las negociaciones con diferentes organizaciones y en cuestiones de primera necesidad como el alojamiento y las campañas de donaciones de comida. Actualmente ya hay dispuestos espacios con capacidad para 200 familias -alrededor de 800 personas-.
Sin embargo, tal y como indican un tanto agobiados algunos de los encargados de este plan de ayuda a los migrantes en el Ayuntamiento, "hasta que el Gobierno no diga nada y no haya acuerdos con la Comunidad, redactados de forma conjunta, no se puede adelantar nada". Miembros de la organización del plan de acogida de la capital esperan tener políticas concretas decididas para la semana que viene.
A nivel nacional, aunque los refugiados sirios están empezando a llegar -sólo en Málaga 60 cada semana-, la tercera reunión de la Comisión Interministerial para determinar el futuro protocolo de acogida de España ha pasado sin que se dieran a conocer datos específicos, a excepción de las propuestas anunciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte respecto al profesorado, al material escolar y a la homologación de títulos académicos.
"La ley debe ser igual para todos"
Por su parte, algunos miembros de las fuerzas de seguridad con las que ha hablado Público comparten esta misma sensación de incertidumbre y desinformación que hay en Madrid. Javier Estévez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP), y un portavoz de la Policía Nacional señalan que "no les consta" que haya directrices sobre cómo proceder ante la llegada de los refugiados, a lo que Estévez añade en tono crítico: "Estarán organizando el plan tres individuos en un despacho, porque a nosotros no nos ha llegado nada".
La propia Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica a Interior por no mostrar la misma disposición con las personas en espera en España que con Osama Abdul Mohsen, la imagen de cara a los medios. "Si cuando se quiere, se puede, que se pueda siempre", dice la organización en su último comunicado a la par que remarca que "la ley debe ser igual para todos".
Para CEAR la Administración debe garantizar que todas las personas necesitadas de protección internacional puedan acceder en condiciones justas a un procedimiento, algo que a su juicio, "hoy por hoy, no se está dando". Hay cuatro meses de espera para conseguir la primera cita en la que formalizar la solicitud de asilo, por lo que en circunstancias normales, no se podrá acceder al procedimiento hasta el mes de enero.
Ante esta situación los sindicatos -CCOO y UGT- han remitido una carta al secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, pidiendo una reunión urgente para abordar de forma coordinada el proceso de inserción laboral y social de los refugiados y en la que, en su opinión, habrán de estar los interlocutores sociales.
Los sindicatos destacan que el acceso empleo y la adecuada inserción en el mercado laboral es fundamental en el proceso integral de acogida y de integración social.
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