La Comisión Europea cree que el procedimiento de actuación del Gobierno contra la desinformación que permitirá monotorizar la información para rastrear a las fake news "actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación". El Ejecutivo comunitario entiende que la herramienta aprobada no constituye "una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación".

La orden fue publicada el pasado mes de noviembre en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo. Tiene como objetivo "fortalecer el debate democrático y la libertad de expresión examinando el pluralismo de los medios y el papel de la sociedad civil".

Tras su publicación en el BOE, la Comisión Europea fue interpelada sobre
dicho plan. Un portavoz de la misma, aseguró entonces que el Ejecutivo
comunitario estaba "vigilando la aplicación de medidas de emergencia por
parte de todos los Estados miembros durante la pandemia". Y un día después, añadió que en virtud de una "evaluación preliminar de urgencia, la iniciativa proporcionaba las herramientas y los actores para garantizar la participación de España en los diferentes instrumentos establecidos en el Plan de Acción europeo contra la Desinformación de 2018".

Ahora, y tras las preguntas de la eurodiputada del grupo político Renew Maite Pagazaurtundúa, la Comisión ha señalado que "el Comité Permanente se encarga de supervisar y evaluar las campañas de desinformación en línea, investigar su origen y determinar si el caso debe elevarse al Consejo de Seguridad Nacional para que se adopte una respuesta política, como actuaciones diplomáticas o medidas de represalia cuando el autor sea un Estado
extranjero".

Esta labor, subraya la Comisión "es responsabilidad del Gobierno central y
está en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de
2018, en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus
capacidades en la lucha contra la desinformación". Así, la Comisión Europea avala con esta respuesta el Procedimiento de Actuación contra la desinformación aprobado por el Gobierno de España que no supone ninguna merma de la libertad de prensa ni un intento de control sobre los medios de comunicación.

El órgano del Gobierno generó un terremoto político por parte de la derecha con el Partido Popular al frente de las protestas. Los conservadores, apoyados por Vox y Ciudadanos, aseguraron que lo que pretendía el Ejecutivo era crear un "ministerio de la verdad" que atacaba a la libertad de prensa y cuyo objetivo final era censurar las opiniones contrarias. Aunque desde un primer momento un portavoz del ejecutivo comunitario, Johannes Bahrke, aseguró que no había motivos para creer que se estuviese persiguiendo la libertad de prensa en el caso español", el PP recurrió en la Audiencia Nacional el plan del Gobierno.