MADRID.- El exjefe antifraude de Catalunya Daniel de Alfonso ha solicitado el reingreso como magistrado de la Audiencia de Barcelona, tras ser cesado por el Parlament por el escándalo de sus conversaciones con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en las que manejan expedientes contra líderes de CDC y ERC, reveladas por Público.

De Alfonso ha solicitado el reingreso al destino que tenía antes de este nombramiento: la Sección Séptima de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, según han confirmado a Público fuentes jurídicas.

De Alfonso se encontraba en excedencia de la carrera judicial, situación conocida como de “servicios especiales” y que pidió en 2011 cuando fue nombrado jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya.

La solicitud ha sido presentada en el registro del Consejo General del Poder Judicial, el órgano administrativo encargado de la selección, formación, nombramientos, disciplina e inspección de los jueces y magistrados en España. Ahora está a la espera de que la Comisión Permanente de este órgano constitucional aborde su solicitud.

De Alfonso tenía diez días para pedir el reingreso, y otros diez días para incorporarse una vez aprobado, conforme establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Todo apunta a que el CGPJ tendrá que acceder a su reingreso en la Audiencia de Barcelona, ya que sólo se podría oponer si se dictara auto de apertura de juicio oral contra De Alfonso o hubiera sido condenado, cosa que no ha ocurrido.

"Considérame como un cabo de tu Cuerpo Nacional", dice De Alfonso en un momento de sus conversaciones con el ministro del Interior, mientras manejan documentos sin membrete sobre líderes independentistas catalanes.

El estupor con el que los magistrados de la Audiencia de Barcelona asisten al regreso de De Alfonso ha alcanzado a la Asociación Profesional de la Magistratura de la que él mismo fue su Portavoz. Es más, De Alfonso alardea en sus conversaciones con Fernández Díaz de este cargo en la directiva de dicha asociación, que le trajo conexiones en el ámbito de su especialidad, como Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo o los 33 jueces que él ha formado.

En una dura nota de prensa difundida este miércoles, la APM, de tendencia conservadora, protesta por el regreso automático de los jueces tras su paso por la política y que fue pactado en 2011 por el PP y el PSOE justo antes de las elecciones.

“Aceptar un cargo político o de confianza”, explica la nota en alusión a De Alfonso, supone “entrar en la confrontación política para defender públicamente un proyecto, lo que lógicamente conlleva la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción”.

La independencia no se recupera "con la mera reincorporación a la carrera judicial, como si la toma de posesión en el cargo tuviera algo de mágico", dice APM

“Si nos tomamos en serio esos valores –añade- no podemos pensar que se recuperan con la mera reincorporación a la carrera judicial, como si la toma de posesión en el cargo tuviera algo de mágico e hiciera independiente al sectario, ni es suficiente una genérica obligación de abstención en aquellos asuntos vinculados a la actividad política”.

Los jueces en Catalunya de APM recuerdan que la Constitución atribuye el monopolio de la función de juzgar a jueces y magistrados “independientes e imparciales”, valores “esenciales” para el ejercicio de esta función, de ahí que tengan prohibido participar en partidos políticos y sindicatos.

“Por eso resulta incoherente que la actual redacción del artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevea que los jueces nombrados para el ejercicio de un cargo político o de confianza pasen a la situación de servicios especiales”.

Esta reforma, recuerdan, fue aprobada por los dos grandes partidos políticos en septiembre del 2011, dos meses antes de las elecciones generales de ese año “y, como es fácil imaginar”, preveía aplicarla “a los jueces que en ese momento estaban ya en esa situación”, [en alusión a otros jueces como José Antonio Alonso, entonces portavoz del PSOE en el Congreso].

Para los compañeros de la asociación de Daniel de Alfonso, la gravedad estriba en que el juez que saltan a la política está favorecido por “un régimen privilegiado que facilita el ‘sistema de puertas giratorias’.: conserva su plaza, la antigüedad, puede concursar a otros destinos y una vez cesado, cualquiera que sea la causa, puede incorporarse inmediatamente a su antiguo destino.