@danialri

BILBAO. - Cinco años y tres meses después del final de la violencia en Euskadi, el PP se ha quedado totalmente solo en su defensa de la dispersión carcelaria, una medida de excepción que sólo se aplica contra los presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale. Este lunes, los responsables de Podemos en el País Vasco y Navarra han dado a conocer una declaración conjunta, en la que transmiten un mensaje muy claro: es necesaria otra política penitenciaria basada en la legalidad. No en la venganza.

En este documento, la formación morada muestra su rechazo hacia la actitud del gobierno de Rajoy en materia de presos. “El camino de la reconstrucción del tejido social y de un marco estable de paz y convivencia democrática en nuestra sociedad se encuentra jalonado por muchos y variados obstáculos”, señalan en el primer párrafo. Por un lado, advierten que “en algunos casos, como en el reconocimiento de todas las víctimas y del daño causado, se han dado pasos, aunque aún siguen faltando muchos otros”. Dicho esto, también muestran su preocupación por lo que continúa ocurriendo dentro de las cárceles: “lamentablemente, con las personas privadas de libertad no se ha avanzado”.

Tras dejar claro que todos los avances “deben darse guiados por la defensa radical de todos los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas”, Podemos Euskadi y Podemos Navarra llaman a abordar la situación de los presos “desde una perspectiva integral de derechos humanos”, lo que implica “el acercamiento a su lugar de origen o de residencia de sus familiares”, además de asegurar un trato humanitario y “avanzar en políticas de justicia restaurativa que faciliten la reinserción social”. Justo lo contrario del camino recorrido por el PP tras el cese de ETA en octubre de 2011.

“Queremos señalar que todavía hoy, tal como vienen reivindicando numerosos juristas, organizaciones pacifistas y de derechos humanos, las personas presas ven lesionados sus derechos fundamentales de forma absolutamente injustificable”, denuncia el partido de los círculos en su declaración. En ese contexto, sostiene que “la defensa de los derechos humanos conlleva necesariamente el rechazo y condena –ética y política– de toda violencia y vulneración de los mismos, el reconocimiento de todos los sufrimientos injustos, y, en el caso que nos ocupa, a manifestar necesariamente nuestra cercanía con el sufrimiento de las personas presas así como con el de sus familiares”.

La dispersión carcelaria está en el centro de este documento. Según denunciaba hace algunos días la plataforma civil Sare (Red), sólo dos de los 351 presos abertzales se encuentran en cárceles vascas. De esta manera, 2016 se cerró con 288 reclusos dispersados en prisiones ubicadas a distancias que oscilan entre los 500 y los 1100 kilómetros, lo que supone un incremento del 2,1% en relación a 2015. Ante estas cifras, Sare –cuyo portavoz es el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga- no dudó en asegurar que durante los últimos 12 meses el gobierno había endurecido su política penitenciaria.

Por tales motivos, Podemos cree que ha llegado el momento de acabar con la “orientación vengativa de la política penitenciaria”, lo que implica abandonar su “excepcionalidad legal” y su “uso con fines políticos”. “El alejamiento supone una pena añadida a la condena y un castigo cruel e injusto a las familias de las personas presas, el cumplimiento íntegro de penas contraviene el principio de reinserción social y el trato que reciben las personas presas con enfermedades graves o incurables está lejos de ser humanitario”, subraya.

En ese sentido, la formación advierte que el gobierno ni siquiera ha cambiado su línea de actuación en los casos de aquellos presos “acogidos a las políticas de justicia restaurativa, que han apostado por el reconocimiento del daño, el arrepentimiento y han pedido perdón a las víctimas”, quienes “están teniendo graves dificultades para acceder a los derechos penitenciarios que legalmente les corresponden. “Estas políticas eran inaceptables cuando ETA mataba y más aún si cabe hoy que ya no lo hace”, añade.

Su posición es compartida por el resto de formaciones representadas en el Parlamento Vasco, con la excepción del PP. De hecho, esa posición común no solo es palpable en el ámbito nacionalista –donde PNV y EH Bildu coinciden en pedir el fin de la dispersión-, sino también en el PSE. Su secretaria general, Idoia Mendia, afirmó a finales de la pasada semana que sería “bueno” acercar a los presos, ya que entiende que esa medida “probablemente facilitaría el camino individual a la reinserción y ese reconocimiento del daño causado a la sociedad vasca”.

"Trato humanitario"

Por su parte, las direcciones de Podemos en el País Vasco y Navarra reclaman –además del acercamiento de los reclusos- “un trato humanitario conforme a los más exigentes estándares internacionales, especialmente en el caso de las personas presas con enfermedades graves o incurables”, así como “acabar con el régimen de aislamiento prolongado”. Para ello, consideran que “la valoración de la situación penitenciaria” de los reclusos debe ser realizada “por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral Navarra, eliminando cualquier elemento de excepcionalidad al respecto”.

También piden “el traspaso a los Gobiernos vasco y navarro de las competencias en materia penitenciaria tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Gernika y en la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra” o “la progresión de grados y el acceso a beneficios penitenciarios en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria y la aplicación de los criterios señalados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta al cómputo de penas, considerando tanto las del estado español como las del francés”.

“Rechazo de la violencia”

Su valoración también contiene un mensaje para el colectivo de presos de ETA: en la declaración dada a conocer este lunes, les instan a “seguir avanzando en el rechazo de la violencia, reconociendo lo injusto del daño causado desde la revisión crítica del pasado”. El arrepentimiento no supone ninguna renuncia a los objetivos políticos, sí a unos medios totalmente equivocados e injustificados”. Sin embargo, advierten que esos pasos no pueden ser condicionantes para la “reinserción social”, ya que se trata de “un derecho”. El gobierno de Rajoy no piensa lo mismo.